Hay claras evidencias de que muchas pensiones no contributivas por invalidez son fraudulentas. Sin embargo, por errores en las auditorias se están aplicando bajas incorrectas. Una muestra más de que, además de eliminar los déficits fiscales,hay que eliminar los déficits en la calidad de la gestión pública.
En el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) aparecen, por un lado, denuncias de corrupción. Las mayores polémicas se generan porque el partido que fue votado para terminar con estas prácticas, no solo que no fue capaz de eliminarlas, sino que está sospechado de aprovecharlas. La arista más trascendental y desmotivante es la naturalización de que en el sector público los proveedores tienen que pagar coimas para obtener contratos con el Estado. Se discuten montos y responsables, porque se da por sentado que la corrupción está presente y enquistada en el Estado.
Por otro lado, aparecen las denuncias de errores en las auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez. Estas pensiones se otorgan a personas con incapacidad superior al 66% y en situación de vulnerabilidad. Entre los años 2000 y 2023 las pensiones por invalidez pasaron de 75 mil a 1,2 millones. Ante las sospechas que genera semejante crecimiento se encaró una auditoría masiva. Como resultado, pululan denuncias en distintas partes del país de personas con visibles manifestaciones incapacitantes cuyas prestaciones fueron suspendidas y otras que se quejan por el maltrato y el sometimiento a trámites muy engorrosos, burocráticos y hasta irrazonables.
Para indagar si hubo fraudes en el otorgamiento de las pensiones por invalidez y cuál sería su magnitud hay que partir de que en el país hay 25 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes. Si se desagrega esta información por provincia aparece que:
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En Chaco hay 86 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes
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En Salta, Tucumán y Catamarca hay 40 pensiones por invalidez por 1.000 habitantes.
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En Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 8 por cada 1.000 habitantes.
Estos datos muestran una gran dispersión en las pensiones no contributivas por invalidez según la provincia. Chaco tiene 10 veces más pensiones otorgadas que Ciudad de Buenos Aires y 2 veces más que sus provincias vecinas con similares perfiles socioeconómicos.A esto hay que sumar que, en Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja hay más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). Que haya tanta dispersión entre provincias e inconsistencias entre pensiones y CUD sugiere que los mecanismos aplicados fueron muy permeables a las irregularidades.
Ante indicios de ilegalidad tan sugerentes se justifica y forma parte de una administración responsable del Estado ejecutar un plan de auditoría para depurar el padrón de beneficiarios. Esta es la manera de corregir las consecuencias de irregularidades cometidas en el pasado y concentrar los recursos en mejorar la asistencia a personas discapacitadas y en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, la ANDIS implementó el plan de auditoría utilizando instrumentos muy rudimentarios. Aparentemente se enviaron citaciones de manera masiva y sin un criterio estratégico para que los beneficiarios se presenten en oficinas públicas. La consecuencia fue el maltrato a gente inválida soportando largas demoras para ser atendida y la suspensión del beneficio de manera arbitraria. Por déficits de gestión el plan fue suspendido.Resultado del plan: se seguirán pagando pensiones otorgadas de manera fraudulenta y una gran cantidad de discapacitados sometidos, sin justificativos ni sentido, a trámites engorrosos.
Es correcto el diagnóstico de que el principal factor que explica la decadencia argentina es el mal funcionamiento del Estado. Pero el problema tiene dos aristas: la financiera y la calidad de la gestión.La metáfora de la motosierra es muy eficaz para atacar los déficits financieros poniéndole límites al gigantismo espurio en el Estado, pero no menos importante es atacar los déficits de gestión. De lo contrario, es imposible un buen funcionamiento de la economía con armonía social. No entender el doble desafío acrecienta el riesgo de que la gente se resigne a que las malas políticas estatistas del pasado son la mejor opción. La fallida experiencia de Elon Musk en Estados Unidos aplicando la motosierra con total desprecio por la calidad de la gestión pública debería ser capitalizada.
El escándalo de la ANDIS denota severos problemas de gestión. Explicita que el sector público es sumamente permeable a la corrupción y proclive al maltrato de los ciudadanos. Frente a esta realidad no alcanza con la motosierra.Se necesitan ideas innovadoras y equipos profesionales. De lo contrario, la pésima experiencia de la ANDIS se seguirá repitiendo.
