Por reclamo de los gobernadores el gobierno nacional constituyó el Consejo encargado de instrumentar el Acta de Mayo. Las reformas estructurales son imprescindibles para el plan económico. Entre las más urgentes está la eliminación de Ingresos Brutos y tasas municipales para ser reemplazados por el “Súper IVA”.
El plan de estabilización sigue acumulando logros y no está lejano el momento en que la inflación mensual se ubique por debajo del 2%. Paradójicamente, mientras más rápidos son los avances en la desinflación, más explícitas se hacen las evidencias sobre los problemas de competitividad que sufren amplios sectores de la producción de los cuales depende la mayor parte de los empleos urbanos. Esto no se resolverá con la política cambiaria sino abordando las distorsiones que castigan la competitividad.
En este contexto resulta alentador que en la reunión de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se instara al gobierno nacional a avanzar con las reformas del Acta de Mayo. Mientras que la tradición es que de este tipo de reunión emerja la confrontación con el gobierno nacional, en esta oportunidad su vocero manifestó una actitud propositiva y constructiva. Seguramente esto contribuyó a que el gobierno nacional sancionara el decreto creando el Consejo de Mayo, organismo responsable de impulsar la implementación de las transformaciones prevista en el Acta de Mayo.
Dentro de ellas se destaca el ordenamiento del sistema tributario. Esto lleva a abordar el principal impuesto distorsivo: Ingresos Brutos. Con relación a este tributo se observa que:
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El Impuesto a los Ingresos Brutos representa aproximadamente el 26% de los ingresos totales provinciales.
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Para las 5 provincias más grandes su participación llega al 34%.
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Se estima que alrededor del 60% de la recaudación de Ingresos Brutos se genera con los regímenes de pago adelantado donde se destaca el SIRCREB.
Estos datos muestran que Ingresos Brutos es una fuente de financiamiento muy importante para la mayoría de las provincias, principalmente las más grandes. Esto implica que su eliminación no es viable si no se compensa con otras fuentes de financiamiento. También demuestra que la recaudación de Ingresos Brutos depende decisivamente de los regímenes de pago por adelantado. Por lo tanto, tampoco es viable la eliminación de los regímenes de pago adelantado sin poner en juego la sustentabilidad de las provincias.
El problema es que Ingresos Brutos y las tasas municipales son tributos muy rudimentarios cuyos efectos negativos se moderan muy poco reduciendo las alícuotas. Por ejemplo, no se evita la muy alta complejidad administrativa, tanto para el contribuyente como para el Estado, ni la inseguridad jurídica. Al ser un impuesto sobre las ventas se mantiene su exagerado impacto en actividades con bajo margen. Los regímenes de pago adelantado generan saldos a favor muy difíciles de recuperar por el contribuyente. Tampoco una reducción de alícuotas evita la falta de transparencia ya que seguirá siendo muy difícil cuantificar cuánto inciden estos impuestos en el precio de los productos finales. Además, son tributos que no se pueden reintegrar en las exportaciones y descolocan a quienes compiten con productos importados, ya que los productos importados no tienen el efecto acumulativo de Ingresos Brutos y tasas municipales en los sucesivos eslabones del proceso productivo.
Reducir las alícuotas, como se planteó en el Consenso Fiscal del 2017, implica un gran esfuerzo para las provincias y los municipios con escaso impacto positivo para las empresas. Por eso, es mucho más conducente eliminar estos tributos y reemplazarlos por el “Super IVA”. El IVA es menos burocrático, jurídicamente más preciso y simple, menos evadible, más transparente en su incidencia sobre los precios, neutral para cualquier actividad porque grava el valor agregado y no las ventas, por lo tanto, no afecta la competitividad.
El “SúperIVA” es una manera de llevar a la práctica la idea que manifestó el presidente de replantear la distribución de su recaudación. Para ello es necesario fortalecer el IVA de manera que sustituya las pérdidas de eliminar Ingreso Brutos y tasas municipales. El otro gran desafío es establecer un esquema de distribución que tienda a que cada provincia y municipio se financie con los impuestos que se pagan en su territorio, con un fondo de nivelación para contemplar el desfinanciamiento que se producirá en las provincias del norte.
