Es clave transformar el sistema tributario para que el sector privado pueda despegar
El sector privado está esperando un nuevo esquema tributario que pueda darle mejoramiento en sus rentabilidades y fundamentalmente certidumbre para poder proyectar sus planes de negocios.
El superávit financiero alcanzado es condición necesaria pero no suficiente para crecer. Argentina todavía enfrenta el desafío de reformar el sistema tributario caracterizado por altos y malos impuestos.
En abril se alcanzó el superávit financiero por cuarto mes consecutivo. Los datos indican que en el último mes los gastos continúan disminuyendo, aunque a un ritmo menor que en los meses anteriores.
Los ingresos del Estado también cayeron en términos reales, pero en una proporción menor que los gastos, gracias a una mayor recaudación del impuesto País y de los derechos de exportación. Para mayo, se espera un aumento del 10% en términos reales en la recaudación, impulsado por el impuesto a las Ganancias.
El superávit fiscal de los primeros meses del año se ha logrado a través de medidas de ajuste y postergación de gastos. Medidas que no son sostenibles en el tiempo. Para lograr un superávit genuino y un crecimiento sostenible en el largo plazo, es necesario desenmarañar el sistema tributario del país para mejorar su eficiencia y, con ello, fomentar la producción, las inversiones y el empleo.
Fuente: LP CONSULTING en base a Ministerio de Economía
Los impuestos actuales son distorsivos
El sistema tributario argentino se caracteriza por la coexistencia de dos fenómenos: altos impuestos y malos impuestos. En 2023, la carga fiscal fue del 31,9% del PIB. Aunque es un porcentaje elevado, está por debajo de países como Suecia, Italia o Alemania, donde supera el 45%.
La diferencia con estos países es la forma en que se gestiona el gasto público. Si los impuestos se reinvierten en servicios de calidad, la carga fiscal se vuelve más aceptable, como ocurre en Europa, donde los ciudadanos reciben una contraprestación de calidad a cambio de sus impuestos. Debido a que esto no sucede en Argentina, las familias deben destinar una gran parte de su presupuesto a cubrir los costos de la educación, la salud, el transporte y otros servicios básicos.
En relación con Sudamérica, Argentina tiene una presión fiscal relativamente alta. Solo Brasil, con un 33%, tiene una carga fiscal mayor. Uruguay tiene una carga del 26%, Chile del 24%, Bolivia del 22%, y en el resto de la región la carga fiscal no supera el 20%.
Además, el sistema tributario argentino también está plagado de impuestos “malos” o distorsivos. Se llaman así porque afectan negativamente a la producción y el consumo, y son inequitativos. Para ser “bueno”, un impuesto debe ser eficiente y equitativo, es decir, no debe distorsionar las decisiones de inversión, contratación y consumo, y debe permitir que quienes tienen mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más. También tiene que ser simple y claro.
La mayoría de los impuestos en Argentina no cumplen con estos requisitos. El sistema es complejo, desigual y está fragmentado. Predominan los impuestos distorsivos y la superposición de impuestos entre los tres niveles de gobierno, lo que afecta severamente las decisiones de los agentes económicos y, por lo tanto, la recaudación.
Ejemplos de estos malos impuestos incluyen las cargas sociales, el impuesto a los sellos, el impuesto a la ganancia mínima presunta, el impuesto al cheque, el impuesto a los ingresos brutos provinciales, las tasas de comercio e industria municipales y las retenciones a las exportaciones. Estos impuestos desalientan la producción y la formalidad, y fomentan la evasión fiscal.
El nuevo sistema tributario debe ser amigable con el sector privado
Para alcanzar un equilibrio fiscal genuino y un crecimiento sostenible, es esencial contar con “buenos” impuestos que generen ingresos suficientes para financiar el gasto público sin recurrir al endeudamiento, la emisión monetaria o ajustes fiscales drásticos. Tributos como el IVA, el impuesto a las Ganancias y el impuesto a la propiedad, si se administran adecuadamente, pueden tener efectos positivos en la economía y en la distribución del ingreso.
Un sistema tributario mejor diseñado y más simple no solo mejoraría la gestión interna, sino que también promovería las inversiones y la contratación de empleados al brindar certidumbre y estabilidad fiscal a las empresas. También ayudaría a reducir la enorme evasión fiscal.
El eje central del ordenamiento tributario debe estar en la simplificación y la unificación de los impuestos para que los tributos más distorsivos sean absorbidos por los más neutrales. En la medida en que esto se lleve a cabo con consistencia, empezará a tener viabilidad la reducción –y hasta la eliminación– de los impuestos más antiproductivos.
Para esto es clave un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y fiscal entre la Nación y las provincias. Con un diagnóstico preciso y un enfoque innovador, es posible encontrar soluciones más efectivas que los ajustes fiscales fallidos, como la licuación del gasto o el aumento “temporal” de impuestos distorsivos.
De esta forma el sector privado como motor de la economía podrá comenzar un crecimiento sostenido en el tiempo y de esta manera poder empujar al crecimiento de la economía.
