El Congreso impulsa una ley de emergencia pediátrica nacional que el Poder Ejecutivo amenaza vetar. El principal defecto de la ley no es que pone en riesgo el equilibrio fiscal, sino que no tiene ninguna posibilidad de mejorar la pediatría ya que la salud pública es responsabilidad de las provincias.
A través de la cadena oficial, el presidente emitió un mensaje buscando concientizar sobre la gravedad de sancionar leyes que aumentan el gasto público poniendo en riesgo el equilibrio fiscal. Consistente con ello, adelantó que enviará un proyecto de ley que penalice la aprobación de leyes que aumenten erogaciones sin prever su financiamiento. Se trata de una redundancia ya que el artículo 7º de la Ley de administración financiera del Estado, sancionada hace más de 30 años y que sigue vigente, establece la prohibición al Congreso de sancionar leyes que impliquen aumento de gasto sin financiamiento.
Entre las leyes cuestionadas aparece la que declara la emergencia pediátrica. Los objetivos que buscan los legisladores con esta norma es garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a la atención médica de los niños, asegurando el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica. Aunque hay un enunciado genérico de darle prioridad al presupuesto para la atención pública pediátrica en el país, en la práctica, el proyecto está pensando para el Hospital Garrahan.
Cabe preguntarse qué chances tiene este proyecto de mejorar la atención médica de los niños dado que la salud pública es responsabilidad provincial, mientras que la Nación solo tiene competencias concurrentes con las provincias. Según datos del Ministerio de Economía se observa que:
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El Ministerio de Salud nacional tienen un presupuesto total de 0,3% del PBI.
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De este presupuesto el Hospital Garrahan recibe 0,03% del PBI.
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Los Ministerios de Salud provinciales suman un presupuesto de 1,8% del PBI.
Estos datos muestran que la salud pública –y dentro de ella la salud pública pediátrica– está financiada casi enteramente por los Ministerios de Salud provinciales a quienes, tal como está redactado el proyecto, la emergencia pediátrica no les aplica. Por lo tanto, la declaración de emergencia carece de sustento. Esta grosera falla del proyecto puede ser explicada desde la ignorancia o la demagogia electoral. Lo cierto es que el proyecto no tiene ninguna posibilidad de cumplir con los objetivos que se declaman para justificar su sanción.
La manera en que se ha planteado la discusión por la emergencia pediátrica testimonia un profundo deterioro institucional. El gobierno se crispa argumentando motivos equivocados. La deficiencia del proyecto no es su impacto presupuestario sino ignorar que la salud pública es responsabilidad de las provincias. Los legisladores pretenden mostrarse sensibles con los niños, ignorando que la atención pública pediátrica es responsabilidad de los gobiernos provinciales, de los cuales muchos diputados que votaron afirmativamente forman parte por pertenecer al oficialismo provincial. Este proyecto que genera intensa controversia entre el gobierno y la oposición cuando es técnicamente improcedente.
Este tipo de situación no es un hecho puntual sino el reflejo de la desconfiguración del régimen federal. Por eso es muy importante un acuerdo de coordinación tributaria y funcional que deje claramente establecido las responsabilidades que tiene cada nivel de gobierno. Allí debería establecerse con precisión que la responsabilidad por el financiamiento y la gestión de la salud pública es exclusiva de cada provincia. El Estado nacional no debe superponerse con las provincias ayudando con financiamiento o asumiendo la gestión de algunos hospitales. El rol nacional se debe limitar a medir rigurosamente los resultados sanitarios de cada provincia para transparentarlos a la población. Para esto no hace falta siquiera un Ministerio de Salud nacional. Alcanza con una agencia profesional de medición de resultados sanitarios.
Los hospitales estatales deben ser entes autónomos gestionados por sus equipos médicos. Su financiamiento debe provenir de las obras sociales y prepagas, cuando brinden servicios a gente con cobertura, y de los estados provinciales contra factura por la atención sanitaria brindada a personas sin cobertura. En las provincias donde el sector público no cuente con hospitales de la complejidad del Garrahan, se deberían contratar los servicios en el sector privado o al mismo Garrahan. Pero asumiendo que el Garrahan no es el único hospital de complejidad pediátrica que hay en Argentina.
