Si baja la inflación las provincias entran en déficit
El desequilibrio fiscal de la Nación contrasta con la holgada situación financiera de las provincias. Esto se debe a que las provincias usaron la inflación para licuar gastos. Si se simula una baja de la inflación, las provincias vuelven a ser deficitarias. Por eso es imprescindible un ordenamiento integral de los tres niveles del Estado.
El aumento del dólar paralelo y la inflación son fenómenos esperables. Atribuirlos a las disputas internas dentro del oficialismo es negar la realidad. La renuncia forzada del jefe de asesores del presidente y su propia declinación a la reelección denotan inconsistencias políticas. Pero el hecho más relevante es que el déficit fiscal en el 1° trimestre pasó de $200.000 el año pasado a $700.000 millones en el 2023. Ante semejante descalabro fiscal la profundización de la crisis es inevitable.
Este contexto le impone al próximo gobierno la prioridad de bajar la inflación. Para ello, hay que hacer muchas cosas. La más importante es equilibrar las finanzas públicas. Este desafío pareciera estar centrado en el nivel nacional ya que las provincias muestran superávit financiero, es decir, sus ingresos superan la totalidad de sus gastos. El hecho de que las provincias vengan acumulando ahorros –que en su mayor parte son destinados a financiar al Tesoro nacional– lleva a concentrar la atención en el nivel nacional.
La pregunta que cabe hacerse es si efectivamente las finanzas públicas provinciales son solventes. Para ello se puede apelar a datos del Ministerio de Economía sobre cuentas públicas provinciales. Según esta fuente, entre el 2017 y el 2022, se observa que:
El resultado financiero del agregado de todas las provincias en el 2017 fue de un déficit equivalente al -5% del total de sus ingresos.
En el 2022 muestran un superávit equivalente al 1% de sus ingresos.
Si desde el 2017 los salarios de los empleados provinciales se hubiesen ajustado como la inflación el resultado habría sido un déficit de -5 % de sus ingresos.
Estos datos muestran que la licuación del gasto público gracias a la inflación es el factor más decisivo para explicar la mejora en las finanzas públicas provinciales. Ante la aceleración inflacionaria, la actualización de los ingresos provinciales fue mucho más rápida que la de las erogaciones. Particularmente decisivo es que los salarios de los empleados públicos provinciales crecieron por debajo de la inflación. Si en el futuro se ingresa a un escenario de estabilidad, los salarios y demás gastos tenderán a recuperar lo perdido durante el período inflacionario y las provincias entrarán en déficit.
Las finanzas públicas provinciales sufren similares o peores problemas de insolvencia que hace años, solo que ocultos detrás del manto de la inflación. Cuando caiga el manto, los desequilibrios fiscales provinciales van a quedar al desnudo. Además, la licuación de los salarios en las provincias seguramente profundizó los déficits de gestión, ya que las menores remuneraciones son usadas para legitimar vicios, como el ausentismo, la conflictividad y la baja productividad. Esta es otra razón por la cual un plan de ajuste fiscal sobre las cuentas públicas nacionales está condenado al fracaso. Suponiendo que lograra bajar la inflación, inmediatamente demuele el sostén de las cuentas públicas provinciales.
La manera de terminar con los crónicos déficits financieros y de gestión es con un ordenamiento integral del Estado que abarque los tres niveles de gobierno. En materia tributaria unificar impuestos que los tres niveles de gobierno vienen cobrando de manera solapada (IVA, Ingresos Brutos, Tasas municipales, en el caso de las ventas; Bienes Personales, Inmuebles y Automotor, en el caso del patrimonio). Esto permitiría avanzar, en simultaneo, con la eliminación de la coparticipación y en su reemplazo distribuir las fuentes tributarias (la Nación se financia con impuestos al comercio exterior y a los ingresos; las provincias con el impuesto a las ventas y al patrimonio que se genere en sus territorios). También con la eliminación de los programas nacionales que invaden funciones provinciales y la conversión de los Ministerios nacionales de Salud, Educación, Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda en Agencias nacionales de medición de resultados de las provincias.
Uno de los principales factores que contribuyeron al fracaso de la convertibilidad fue el desorden fiscal de las provincias. Sus persistentes déficits fiscales llevaron a excesos de endeudamiento con el sistema bancario y a una caótica emisión de cuasi monedas. Para no volver a tropezar con la misma piedra hay que romper con el simplismo de suponer que solo con ajustes en el Estado nacional alcanza para salir de la decadencia.
