Transición de la Etapa de Ajuste a la de Reformas Estructurales: Desafíos de la Consolidación Fiscal en Argentina
Con el equilibrio fiscal como punto de partida y el respaldo político consolidado tras las elecciones legislativas, el Gobierno enfrenta el desafío de pasar del ajuste a la transformación. La sostenibilidad del orden macroeconómico ya no depende de seguir recortando, sino de encarar reformas estructurales —previsional, tributaria y federal— que aseguren estabilidad duradera y eficiencia institucional.
Tras la obtención de un nuevo respaldo electoral y el restablecimiento del equilibrio fiscal, la política económica argentina ingresa en una fase de transición. Superada la etapa inicial de corrección del déficit, el desafío central ya no reside en profundizar el ajuste, sino en avanzar hacia una agenda de reformas estructurales que aseguren la sostenibilidad de los logros alcanzados.
Este trabajo analiza los límites del esquema fiscal vigente, la rigidez del gasto público y la necesidad de redefinir el sistema tributario y previsional en un marco de coordinación federal.
Introducción
La consolidación fiscal lograda durante 2024 marcó un punto de inflexión en la política económica argentina.
El fuerte ajuste del gasto permitió eliminar el déficit primario y quebrar una larga secuencia de desequilibrios financiados mediante emisión monetaria, fuente estructural de inestabilidad inflacionaria.
El respaldo electoral obtenido por el oficialismo en las elecciones legislativas de 2025 otorgó legitimidad política a la estrategia de austeridad implementada.
Sin embargo, la sostenibilidad del nuevo equilibrio macroeconómico enfrenta tensiones crecientes, tanto por la rigidez estructural del gasto como por la presión social y productiva para reducir la carga impositiva.
La rigidez estructural del gasto público
La composición del gasto primario limita severamente la capacidad del Gobierno para continuar con políticas de ajuste discrecional.
Según datos del Ministerio de Economía (septiembre de 2025), el 45% del gasto corresponde a prestaciones previsionales sujetas a la fórmula de movilidad, mientras que las asignaciones familiares (8%) y el presupuesto universitario (3%) presentan también mecanismos automáticos de actualización.
En conjunto, aproximadamente un 56% del gasto primario se encuentra indexado y escapa a decisiones discrecionales de política fiscal.
Fuente: LP CONSULTING en base a Secretaria de Hacienda
Aun en un contexto de desinflación, estas partidas tienden a expandirse en términos reales, absorbiendo el margen de maniobra sobre el gasto “flexible”, que representa apenas el 44% restante.
Como consecuencia, el gasto total se mantiene estable en niveles reales respecto al año anterior, limitando la capacidad del Ejecutivo para sostener el equilibrio sin recurrir a nuevas fuentes de ingresos.
La presión tributaria y los límites del esquema vigente
En paralelo, los recursos fiscales dependen en parte significativa de tributos con efectos distorsivos sobre la actividad económica.
El impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones, por ejemplo, generan ingresos equivalentes al 18% del gasto primario.
La eliminación de estos instrumentos, sin medidas compensatorias, implicaría reducir a la mitad el gasto flexible, una opción de viabilidad política y social reducida.
Esta dependencia de impuestos de emergencia, que se volvieron permanentes, expone una inconsistencia estructural del sistema tributario argentino: la falta de una base impositiva amplia, eficiente y equitativa que garantice la sostenibilidad del equilibrio fiscal.
De la consolidación al desarrollo institucional
Superada la fase de emergencia, el mantenimiento del orden fiscal requiere un cambio cualitativo en la estrategia de política pública.
La continuidad del ajuste como único instrumento resulta insuficiente para asegurar estabilidad macroeconómica de largo plazo.
El nuevo escenario exige avanzar hacia reformas estructurales que modifiquen el funcionamiento del Estado y fortalezcan su capacidad institucional.
Entre los desafíos más relevantes se destacan:
- Reforma previsional: rediseñar la fórmula de movilidad y los parámetros de elegibilidad, de modo de moderar el crecimiento automático del gasto.
- Acuerdo fiscal federal: establecer una coordinación intergubernamental entre Nación y provincias que clarifique competencias, evite superposiciones y promueva la eficiencia en la asignación del gasto público.
- Reforma tributaria integral: reemplazar tributos distorsivos por un esquema impositivo más simple y neutro, que preserve el equilibrio fiscal y fomente la competitividad.
Conclusiones
La etapa inicial del ajuste fiscal —basada en la contracción del gasto y la eliminación de la emisión monetaria para financiar el déficit— permitió estabilizar variables macroeconómicas críticas y reducir la inflación.
No obstante, el modelo enfrenta ahora un límite estructural: el margen de ajuste adicional es mínimo, mientras que la demanda de alivio tributario y recomposición de ingresos reales se intensifica.
Por lo tanto, la sostenibilidad del orden fiscal no dependerá de la continuidad del ajuste, sino de la capacidad del Estado para transformar su estructura institucional y tributaria.
La legitimidad política obtenida en las urnas constituye una oportunidad para avanzar hacia un nuevo pacto fiscal y previsional que consolide la estabilidad alcanzada y siente las bases de un crecimiento sostenido.
