El control del fuego necesita un acuerdo de coordinación
Nuevamente el descontrol del fuego genera graves daños y polémicas. Un tema controversial es la ambigüedad en la determinación de responsabilidades entre niveles de gobierno. También en este tema la solución pasa por un acuerdo de coordinación de funciones entre la Nación y las provincias.
La proliferación de incendios en varias provincias generó confusión a nivel del Estado nacional. En este ámbito, el área responsable de la política ambiental es la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio del Interior. La persona encargada de esta Subsecretaría renunció aduciendo agotamiento, seguramente por la crisis del fuego, y quién la reemplazó hizo una fuerte crítica al señalar que el tema bosques y fuego tiene baja prioridad en la agenda del gobierno, lo que motivó la descalificación por parte del vocero presidencial. En paralelo, sin responder a este cruce entre funcionarios, el gobierno transfirió el Servicio Nacional de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego es un organismo encargado de coordinar con las provincias la prevención y la mitigación del fuego. Con estos cambios de funcionarios y de áreas, el gobierno nacional busca mostrar un rol más activo en el control de los incendios en las provincias. En otras palabras, el Estado nacional se propone hacer lo que las provincias no están pudiendo hacer o no están haciendo bien.
El presupuesto de la Subsecretaria de Ambiente ejecutado en el 2024 fue de $95.000 millones que representan el 0,1% del gasto primario nacional. La composición fue la siguiente:
El 67% es para el mantenimiento de los parques nacionales.
Otro 25% es para políticas ambientales de carácter general.
Un 8% es para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Estos datos muestran que los instrumentos con que el Estado nacional cuenta para el manejo del fuego son marginales. Dentro de un muy acotado presupuesto nacional para cuestiones de medio ambiente, el tema de manejo del fuego recibe una porción ínfima. Además, la totalidad del presupuesto ejecutado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego está registrado en la contabilidad pública con ubicación geográfica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto sugiere que no parece que el Estado nacional pueda hacer mucho aportando recursos y logística para controlar los incendios en las provincias.
La gestión del control del fuego está condicionada por la organización federal adoptada por la Argentina. La Ley 26.815 establece el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Este sistema se estructura en tres niveles operativos. En la fase de ataque inicial del fuego, la provincia es la responsable de mitigarlo. Si considera que su capacidad está sobrepasada debe pedir ayuda a las otras provincias aledañas. Cuando el incendio supera el apoyo regional actúa el Servicio Nacional de Manejo del Fuego aportando brigadistas, aviones hidrantes, helicópteros, camionetas y otros vehículos. La gobernabilidad de este sistema es compleja ya que hay que coordinar acciones de prevención y mitigación entre el Estado nacional y las provincias en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Para mejorar la prevención y control del fuego es clave ordenar las funciones entre niveles de gobierno. Presionar a que la Nación asigne más recursos para suplir las deficiencias de las provincias no es una buena estrategia. Es caer en el mismo error que en el resto de las funciones sociales (como salud, educación, asistencia social, vivienda y urbanismo) donde la Nación se superpone con las provincias –en teoría para ayudar o hacer lo que las provincias no hacen– y se terminan diluyendo las responsabilidades de cada jurisdicción. Un esquema más eficiente es que la Nación concentre esfuerzos en la coordinación y que cada provincia disponga de los recursos y la capacidad suficientes para intervenir directamente previniendo y combatiendo los incendios y, fundamentalmente, haciéndose cargo por los resultados.
Es impostergable mejorar el abordaje del fuego. La manera de hacerlo no es potenciando la superposición de roles entre la Nación y las provincias. Esto lo único que hace es diluir responsabilidades. El camino es un acuerdo de coordinación de funciones entre la Nación y las provincias que establezca con precisión las responsabilidades de cada nivel de gobierno.
