No es la primera vez que ocurre un hecho de abuso del poder en una provincia del norte. Como ocurrió en el pasado, la indignación se canaliza contra la dirigencia local. Pero las causas de la degradación son los incentivos que genera la coparticipación y las transferencias nacionales a provincias.
El luctuoso hecho ocurrido en Chaco conmueve. Una persona que comenzó como dirigente piquetero, se vinculó políticamente con el gobierno provincial y se apropió de una enorme cantidad de recursos públicos. En una de sus propiedades se habría asesinado a un familiar e incinerado sus restos. Más allá de que el caso está bajo análisis de la Justicia, indigna el nivel de impunidad con que proceden personas ligadas al poder.
No es la primera vez que sucede un hecho de abuso de poder con presunción de impunidad en las provincias del norte. Cabe recordar, por ejemplo, el caso de María Soledad Morales en 1990 en Catamarca, los excesos sobre los derechos humanos del actual gobernador de Formosa en su gestión de la pandemia, el aparente asesinato de un ministro en Catamarca y ahora este dramático hecho en Chaco. ¿Cuáles son las causas que explican esta predisposición de la dirigencia a ejercer abusivamente el poder?
Para indagar en las respuestas hay que partir de la regla de que en Argentina el 85% de los impuestos que paga la gente se centralizan en el Estado nacional. Desde allí, los recursos fiscales se distribuyen a las provincias por la vía de la coparticipación, las transferencias discrecionales y los gastos que ejecuta de manera directa el gobierno nacional en las provincias. Según el estudio https://idesa.org/cuales-son-las-provincias-que-ganan-y-cuales-las-que-pierden-con-las-intervenciones-de-la-nacion/de Garcia L. y Vera, L. se observa que, en el año 2022, las provincias del norte argentino:
Aportaron recursos fiscales al Estado nacional por el equivalente a 3% del PBI.
Recibieron por la vía de la coparticipación2,7% del PBI.
Recibieron por transferencias y gasto directo del Estado nacional 2,6% del PBI.
Estos datos muestran que las provincias del norte reciben desde el Estado nacional casi un 80% más recursos de los que aportan. Se trata de una enorme transferencia que en el discurso político se presenta como solidaridad de las regiones más ricas en favor de las más pobres. Pero las evidencias están demostrando que la centralización de recursos fiscales, para su posterior redistribución, conduce al empobrecimiento económico y a una degradación institucional extrema de las provincias beneficiadas del norte.
La centralización de recursos lleva a que las provincias más productivas, que son aportantes netas, se atrasen porque están desfinanciadas. El testimonio más elocuente es la Provincia de Buenos Aires que es la más perjudicada por la coparticipación. Por otro lado, las provincias beneficiadas también se atrasan porque sus dirigencias son incentivadas a usar los fondos públicos que les llegan gratuitamente desde el nivel central para perpetuarse en el poder. Los excesos de empleo público y otras acciones clientelares, como se han hecho público en Chaco, demuestran la perversidad del esquema.
Ensañarse con la dirigencia de Chaco es hipócrita e inconducente. Ellos son responsables directos de los hechos aberrantes y deberán responder ante la Justicia. Pero la responsabilidad principal es de las normas y decisiones nacionales que permiten e incentivan a las dirigencias locales a malgastar fondos y abusar del poder. La degradación política e institucional que se explicitó en Chaco no es una atipicidad sino una consecuencia de los perversos incentivos que genera la coparticipación, las transferencias discrecionales del Estado nacional a provincias y los gastos que hace la Nación solapados sobre funciones provinciales. Hay que asumir que en un régimen federal cada estado constitutivo (en el caso argentino, las provincias) es responsable de su propio desarrollo y que el desarrollo nacional es el resultado de la suma de los desarrollos provinciales.
El próximo gobierno tiene la oportunidad de capitalizar estos dolorosos hechos para cambiar esta realidad. La regla general debería ser que cada provincia se financie con los impuestos que les cobren a sus ciudadanos. Es decir, que su desarrollo dependa de su esfuerzo y no de lo que reciba por coparticipación o por “generosidad” de los funcionarios nacionales en la distribución discrecional de fondos. Para contemplar la situación de las regiones más atrasadas, la coparticipación –como instrumento de redistribución geográfica– debe ser sustituida por un Fondo de Convergencia.
