Un fenómeno inmanente del envejecimiento de la población es que aumenta la demanda de gasto público asignado a los adultos mayores. Las evidencias muestran que postergar la adaptación de las coberturas para la vejez a la dinámica demográfica lleva a descuidar otras funciones esenciales del Estado.
Francia se encuentra en una severa crisis fiscal. Su deuda pública está por encima del 100% del PBI y su déficit fiscal por arriba del 5% del PBI. Las dudas sobre la sustentabilidad fiscal llevaron a que el estado francés tenga que pagar tasas de interés superiores a Portugal, España, Grecia e Italia, países cuya endeble situación fiscal pusieron en su momento en duda la continuidad de la Unión Europea. De esta situación se deriva estancamiento económico y creciente conflictividad social.
El principal factor que explica el deterioro de las cuentas públicas en Francia es el persistente crecimiento del gasto previsional. La férrea resistencia a adaptar el sistema a la dinámica demográfica hizo fracasar varios intentos de reformas. El inmovilismo frente al cambio demográfico explica una tendencia secular del gasto para la vejez a crecer por encima de los otros gastos del Estado. Aunque resulte paradójico, los reclamos de los estudiantes en la actualidad son la consecuencia de las protestas contra la reforma previsional del pasado.
Para observar este mismo fenómeno en el contexto de la Argentina se puede comparar la tendencia del gasto para la vejez (jubilaciones y PAMI) contra al resto del gasto público, ambos como porcentaje del PBI. Tomando el promedio de la década del ‘80 = 100 se observa que:
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En 1995 el gasto para la vejez había subido a 163 mientras que el resto del gasto público bajó a 94.
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En el 2017 el gasto para la vejez llegó hasta 220 mientras que el resto del gasto público también subió, pero sólo hasta 137.
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En el 2024 el resto del gasto público bajó hasta 105 mientras que el gasto para la vejez, si bien también bajó, lo hizo sólo hasta 173.
Evolución del gasto público para la vejez y del resto del gasto
Promedio década 1980=100– En % del PBI
Fuente: IDESA en base a Ministerio de Economía
Estos datos muestran que en la Argentina el gasto para la vejez también presenta una tendencia sostenida al crecimiento con impacto determinante en la dinámica de las finanzas públicas. Luego del ajuste aplicado por el actual gobierno, el gasto público no vinculado a la vejez es apenas un 5% superior, en términos del PBI, al que había en el promedio de la década del ‘80. El gasto para la vejez, en cambio, es un 73% mayor.
La última reforma estructural del sistema previsional fue en 1993. Fue en respuesta al fuerte aumento del gasto jubilatorio observado desde 1980. Luego, frente al descontrol del gasto previsional, la estrategia común de gobiernos con diferentes orientaciones ideológicas fue licuar el gasto con inflación. La alta inflación con manipulación de la fórmula de movilidad fueron el mecanismo. En el caso de PAMI, la principal cobertura de salud de los adultos mayores, nunca fue adaptada a la demografía desde su creación en 1971. El elemento común de todos los gobiernos son las limitaciones de hecho en la cobertura, proceso facilitado por la derivación de la atención de los jubilados a los hospitales públicos provinciales.
El ordenamiento del sistema previsional tiene dos ejes centrales. Por un lado, adoptar un mecanismo de cuentas nacionales, es decir, que el haber previsional sea en función de los aportes realizados durante toda la vida activa y la expectativa de vida a la fecha de retiro. Esta modalidad –que usan varios países avanzados– es la manera de contribuir a la sustentabilidad financiera del sistema. El otro eje es transformar la pensión derivada en una cobertura voluntaria sujeta a un aporte especial destinado a su financiamiento. Entre los cambios para el sistema de salud para la vejez se debe modificar la regla de cobertura estipulando que las personas mantengan la cobertura de activo cuando se jubilan y adaptar las prestaciones del PMO al financiamiento disponible.
Demorar la adaptación del sistema de la vejez bajo el argumento de que con el retorno del crecimiento económico y la reforma laboral habrá más recursos es un grave error. El problema no es solo de ingresos por la alta informalidad laboral, sino que los gastos crecen por la dinámica demográfica. Por eso, son imprescindibles reformas que contengan los gastos para la vejez. De lo contrario, como viene ocurriendo tanto a nivel nacional como provincial, postergar las reformas implica postergar gastos importantes no vinculados a la vejez.
