El problema no es el atraso del dólar sino el de las tarifas
El gobierno sale políticamente debilitado de las elecciones. Para retomar la iniciativa tiene que reducir el déficit fiscal. El tema más urgente es disminuir los subsidios que cubren el retraso de las tarifas. Si se insiste con el congelamiento de tarifas se profundizará la crisis económica acelerando el debilitamiento político.
Concluidas las elecciones, la atención está centrada en cuál será la reacción del gobierno para abordar la crisis económica en un contexto de debilitamiento político. Las miradas se concentran sobre las posibles conductas que adopte el gobierno respecto al dólar oficial. La enorme brecha con el dólar paralelo y el bajo nivel de reservas son los argumentos para considerar necesaria una devaluación.
¿Una devaluación es la manera de resolver los problemas?
Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que la Argentina acumula una larga tradición de déficits fiscales que el actual gobierno aceleró. Con limitado acceso al crédito, estos desequilibrios se financian con emisión monetaria. El excedente de dinero en poder de la gente que genera la emisión presiona sobre los precios. No es casual que el dinero en poder del público (efectivo, cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos) viene creciendo a razón de 50% anual, nivel similar a la inflación. Este exceso de pesos en poder del público es el que también presiona sobre el dólar paralelo que se afirmó por encima de los $200.
La dinámica de indicadores claves de la economía permite evaluar de manera más objetiva la situación. Según datos oficiales entre diciembre 2019 y noviembre 2021 se observa que:
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció 91%.
El dólar oficial creció 67%.
Las tarifas de luz y gas que pagan los consumidores residenciales crecieron 11%.
Fuente: IDESA en base a INDEC y Ministerio de Economía
Estos datos muestran que hay atraso en la cotización del dólar oficial, pero donde la distorsión es mucho más profunda es con las tarifas de la energía. Se trata de un tema central ya que buena parte del déficit fiscal se explica por el crecimiento de los subsidios. En el 2019 los subsidios a la energía representaban el 1,1% del PBI, mientras que en el 2021 se estiman en el orden del 2,4% del PBI. Tomando la proyección del Ministerio de Economía que espera terminar el año con un déficit fiscal primario de 4,3% del PBI, los subsidios a la energía representan más de la mitad del déficit fiscal.
Devaluar el dólar oficial manteniendo las tarifas congeladas aumentará los subsidios. Como los subsidios se financian con emisión, que la gente rechaza, aumentarán las presiones sobre la inflación. Por lo tanto, el valor del dólar se seguirá atrasando a pesar de la devaluación. Así, la devaluación, en lugar de corregir el atraso del dólar, acelerará la inflación restableciendo el atraso. Por eso, la prioridad del gobierno no pasa por el dólar sino en dar una señal clara de que se va a ocupar en serio en disminuir el déficit fiscal. Si bien la agenda es frondosa, lo más urgente es tomar control de las áreas de regulación energética. La credibilidad del gobierno depende del inicio de un proceso de disminución de los subsidios a la energía con tarifa social para las familias de menores ingresos. Esto, además de permitir moderar la emisión monetaria, aumentará las probabilidades de entablar en buenos términos y con chances de éxito un acuerdo con el FMI.
Un pensamiento estratégico permite ver que el congelamiento de las tarifas, lejos de fortalecer al gobierno por su tinte popular, agravará su debilidad política. Es antipático reducir los subsidios a las familias de ingresos medios y altos. Pero resultará políticamente mucho más costoso someter a toda la población a la traumática experiencia de sufrir una espiralización de la inflación cuando ya está por encima del 50% anual. La única forma que el gobierno recupere legitimidad es controlando la inflación, que no se logra con controles de precios y congelamientos de tarifas, sino reduciendo el déficit fiscal.
Abordar las urgencias alcanza para no seguir profundizando la crisis económica y política, pero no para salir de la decadencia. Si se aspira a terminar con esta costosa involución que sufre la Argentina es imprescindible un ordenamiento integral del Estado. Esto es muchísimo más complejo que reducir los subsidios económicos y demanda una visión estratégica que por el momento ni el oficialismo ni la oposición han demostrado tener.
