El puente al empleo es otra política de estado equivocada
El gobierno se apresta a lanzar un plan para transformar los subsidios asistenciales en subsidios al empleo formal. Esto ya lo probó el anterior gobierno en el 2017 y el actual en el 2021 y en ambos casos se fracasó. Otro ejemplo de que el problema en la Argentina no es la “grieta” sino los “consensos” en políticas equivocadas.
El Ministro de Economía anunció el programa “Puente al Empleo”. El objetivo es convertir los planes asistenciales en empleo formal. El incentivo que se les ofrece a las empresas privadas es que contratando beneficiarios de planes asistenciales baja el costo laboral ya que podrán tomar como parte del salario el monto del beneficio asistencial. Para los beneficiarios la ventaja es que no tienen que darse de baja del programa asistencial por desarrollar una actividad como asalariado registrado. De esta manera, se espera convertir los subsidios asistenciales en subsidios al empleo formal.
La idea suena muy atractiva. Que un beneficiario de un plan asistencial pase a ser un asalariado en una empresa formal implica progreso individual y social ya que es una persona más que se incorpora a la producción. Seguramente esto explica el amplio consenso que goza la iniciativa. Prueba de ello es que el gobierno de Macri intentó algo similar con el Plan Empalme en el 2017 y el actual gobierno impulsó una iniciativa parecida en el 2021. Pero en ambos casos los fracasos fueron rotundos.
¿Por qué fracasa una política que goza de tan alto consenso? Para responder esta pregunta resulta pertinente evaluar la dinámica del mercado de trabajo. Según el INDEC, entre los años 2012 y 2021 la población en edad de trabajar creció en aproximadamente 3 millones de personas, las cuales laboralmente se insertaron de la siguiente manera:
El 25% como empleados públicos.
El 32% como desempleados o inactivos.
El restante 43% como cuentapropistas.
Inserción del crecimiento de la gente en edad de trabajar
Entre los años 2012 y 2021
Fuente: IDESA en base a INDEC
Estos datos muestran que en la última década todo el crecimiento de la población en edad de trabajar se insertó como empleado público, cuentapropista o quedó desempleada o inactiva. El empleo asalariado en empresas privadas, tanto registrado como “en negro”, se mantuvo estancado. En un contexto en que las empresas durante una década no aumentaron su plantel de trabajadores, pretender que los planes asistenciales se conviertan en empleos formales es un acto de puro voluntarismo.
La nula creación de empleos de calidad responde a un entorno macroeconómico que desalienta la inversión y la producción. Pero aunque hubiera estabilidad y crecimiento, la generación de empleos está obstaculizada por las muy viejas y vetustas instituciones laborales que generan costos no salariales altos e inciertos. El problema se origina en una combinación de factores. Uno muy importante son las leyes y los convenios colectivos centralizados con una desactualización obscena, complementados con interpretaciones judiciales que potencian las distorsiones. A esto se suman las cargas sociales entre las más altas del mundo y un profundo deterioro del sistema educativo y de formación profesional.
Las políticas públicas vigentes desalientan la generación de empleos. Por eso el crecimiento de la población en edad de trabajar no tiene la oportunidad de conseguir empleos de calidad. La principal consecuencia es el aumento de la pobreza y, ante esta realidad, se multiplican los planes asistenciales. Pero el asistencialismo en el mejor de los casos aporta paliativos, no resuelve la pobreza. Como reacción a la insatisfacción, las tensiones y la inviabilidad de seguir expandiendo el asistencialismo se propone un subsidio a las empresas –muy castigadas por las deficientes instituciones laborales– para que tengan un incentivo a generar empleos de calidad. Pretender con una política pública (subsidios al empleo privado) compensar las distorsiones de otra política pública (malas instituciones laborales) es la incoherencia que garantiza el fracaso.
Lo más llamativo es que por tercera vez en menos de un lustro, y desde gobiernos muy diferentes, se incurre en la misma incoherencia. Se trata de otro ejemplo muy ilustrativo de que el principal problema en la Argentina no es la “grieta”, sino los “consensos” alrededor de políticas equivocadas. Eludir la solución de los problemas (actualizar las instituciones laborales) e improvisar con anuncios demagógicos y voluntaristas (transformar los planes asistenciales en empleo formal) es una de las muchas “políticas de Estado” equivocadas que se comparten e impulsan desde ambos lados de la “grieta”.
