El 20° aniversario de IDESA es una buena oportunidad para analizar las políticas públicas aplicadas en las últimas dos décadas. En el caso de la proliferación de los planes asistenciales, las evidencias muestran que tienen poco de solidaridad social y mucho de uso de la pobreza para la acumulación de poder político.
IDESA es un ámbito de estudio de políticas públicas que nació en el 2003. Su 20° aniversario motiva a reflexionar sobre las políticas públicas aplicadas en las últimas dos décadas. En el informe pasado se hizo un balance del deterioro ocurrido en el mercado laboral argentino (https://lpconsulting.com.ar/en-2-decadas-solo-la-mitad-de-los-empleos-creados-son-de-calidad/). En el presente se aborda la otra cara de la moneda del deterioro laboral: la proliferación de los planes asistenciales.
Bajo la denominación de "planes" se incluyen dos tipos de beneficios no contributivos, es decir, beneficios para gente que no hace aporte porque no tiene un empleo formal. Por un lado, los que tienen condiciones de elegibilidad reguladas objetivamente y son administrados por ANSES. Son la AUH, las moratorias previsionales y el Progresar. Por otro lado, están los que se reparten desde el Ministerio de Desarrollo Social bajo reglas subjetivas que dan pie a la discrecionalidad. Funcionan básicamente en respuesta a presiones e intereses políticos. Son principalmente los planes alimentarios y el plan Potenciar Trabajo. Las pensiones no contributivas por invalidez son un caso especial. Proliferaron discrecionalmente desde el Ministerio de Desarrollo Social y luego fueron traspasadas a la ANSES.
¿Cuál fue la evolución de los beneficios no contributivos en las últimas 2 décadas? Según datos de los Presupuestos Nacionales se observa que:
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En el 2002 había 2,9 millones de beneficios no contributivos concentrados en el plan alimentario y el Plan Jefas y Jefes de Hogar.
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En el 2012 había 9,4 millones de beneficios no contributivos porque se sumaron la AUH, las moratorias previsionales y pensiones no contributivas por invalidez.
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En el 2022 se llega a unos 14,1 millones de beneficios no contributivos fundamentalmente impulsados por el Progresar y el Potenciar Trabajo.
Estos datos muestran la impresionante expansión de los beneficios no contributivos. El proceso se dio con crecimiento económico (entre los años 2002 y 2012, el PBI per cápita aumentó un 58%), pero también con estancamiento (entre los años 2012 y el 2022 el PBI per cápita se contrajo un -5%). Lo cierto es que, desde la crisis del 2002, los beneficios no contributivos prácticamente se quintuplicaron. Llama la atención que la expansión se dio con la economía en crecimiento y en contracción y con diferentes gobiernos. Sugiere que se trata de otra “política de Estado” no explícita, pero ampliamente compartida.
En el marco de la crisis del 2002 se justificó la distribución de 2 millones de Planes Jefas y Jefes de Hogar. Su masividad se presentó como transitoria. La crisis económica se superó más rápido de lo previsto gracias a la bonanza internacional, pero la crisis laboral no se revirtió. Si bien le siguió una década en la que el empleo formal aumentó, la cantidad de personas con trabajos informales (asalariados no registrados y cuentapropistas informales) nunca disminuyó de los 7,5 millones. Esto demostró que la insuficiente generación de empleos de calidad trasciende los ciclos económicos. Con el estancamiento que se inicia en el 2012, la proliferación del asistencialismo se potenció.
De esta breve historia del asistencialismo en las últimas 2 décadas se deduce que es voluntarista plantear ponerle plazo a los “planes” o transformarlos en empleos de calidad. Su existencia y multiplicación, más allá de los intereses espurios que se filtran en su gestión, se fundamenta en la falta de buenas oportunidades de trabajo. La salida de la proliferación del asistencialismo requiere ordenar la economía para impulsar un masivo proceso de inversión productiva, actualizar Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos de trabajo y –el máximo desafío– recuperar la calidad educativa en las escuelas de gestión pública y privada ya que la degradación educativa es transversal.
En el 2023 la democracia argentina cumple 40 años. Hay motivos para celebrar, pero también para hacer profundas autocriticas. Una de ellas es la de haber naturalizado el uso de los pobres para “hacer política” con el asistencialismo. Desnuda un nivel extremo de degradación que la gente sea obligada a participar de un acto, marcha o publicidad para recibir algo del Estado. El aniversario de la democracia es un buen momento para recordar que un componente esencial de la democracia es que la gente sea artífice de su propio progreso en base a su trabajo y no de la “generosidad” de un dirigente que le regala algo. Por eso, las soluciones no pasan por reformular el asistencialismo sino por ordenar el Estado para que sea posible una masiva y sostenida generación de empleos de calidad.
