Jubilaciones: la fórmula de Movilidad Previsional, la pista visible de un problema más profundo
El foco del debate se ha limitado únicamente a la reforma de la fórmula de movilidad, sin embargo, los desafíos son mucho más amplios. ¿Cómo podemos abordar tanto los problemas de financiamiento como de equidad en un sistema que presenta déficits inherentes y profundas disparidades?
La reforma previsional figura como una de las principales prioridades dentro de la agenda del "pacto de mayo", impulsada por el Presidente. Este enfoque se justifica plenamente debido a la crisis significativa que atraviesa el sistema previsional, resultado de una serie de errores que lo han convertido en el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas, tanto a nivel nacional como provincial. Esta situación cobra aún más relevancia dado que el sistema previsional es la institución que genera mayores compromisos para la sociedad, al estar sustentado en derechos intergeneracionales. Además, se suman los desafíos planteados por el envejecimiento de la población.
El problema con la movilidad
El debate en torno al sistema previsional se ha centrado exclusivamente en la urgencia de reformar la fórmula de movilidad. Las razones detrás de esta atención son de suma relevancia, ya que hemos sido testigos de una constante y significativa disminución en el poder adquisitivo de las jubilaciones. En febrero, los montos percibidos por los jubilados descendieron a niveles históricamente bajos, incluso por debajo de los registrados durante la crisis de 2002.
En este contexto, el gobierno ha modificado por decreto la fórmula previsional sin pasar por el Congreso. El decreto establece una actualización por inflación (con dos meses de rezago) a partir de julio, utilizando la inflación de mayo como referencia. Es importante destacar que, a partir de esa fecha, las jubilaciones subirán por inflación, pero la base de actualización NO incluye el bono.
La inflación creciente durante el segundo semestre de 2023 y principios de 2024 ha reducido el valor de las jubilaciones a casi la mitad respecto al inicio de 2023. La actualización basada en la inflación de febrero, junto con el aumento del 12,5% aplicado en abril, solo permite recuperar una pequeña porción de lo perdido.
¿Qué ocurre entre abril y julio?
En abril, se implementan dos aumentos: uno del 12,5%, destinado a "recomponer" el monto jubilatorio correspondiente al mes de enero (donde la inflación fue del 20,6%), y se suma un aumento del 13,2% correspondiente a la inflación de febrero, recordando el período de dos meses de rezago.
En mayo, se realiza un aumento basado en la inflación de marzo.
En junio, el aumento se calcula según la inflación de abril. Sin embargo, durante este mes, además de aplicar el ajuste por inflación, se lleva a cabo una comparación con la fórmula de movilidad anterior, que consideraría un aumento del orden del 40%. No obstante, este incremento no se aplicará en su totalidad, ya que se descontarán las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los meses de abril, mayo y junio, y el aumento del 12,5%. En caso de que este último sea mayor, los jubilados no deberán reembolsar la diferencia. En otras palabras, en junio se aplicará la diferencia entre lo determinado por la fórmula de movilidad y se descontará la inflación de los tres meses mencionados, que podría alcanzar el 63,6%.
En resumen…¿Cuánto pierden las jubilaciones?
Los datos de la evolución de jubilaciones muestran que:
respecto del primer trimestre de 2023, en abril quedarían 32,5% por debajo en términos reales;
en febrero tocarían un mínimo de 53% (un recorte de 47%), comparado con el mismo trimestre;
los jubilados pueden aspirar, en el mejor de los casos, a que la pérdida se consolide en torno a 25%.
Fuente: LP CONSULTING en base a datos de INDEC, BCRA, INDEC, CEPA
La fórmula de movilidad: la punta del iceberg
El deterioro de las jubilaciones trasciende más allá de las cuestiones relacionadas con la movilidad. Nos encontramos frente a un sistema intrínsecamente deficitario y plagado de desigualdades. Solo la mitad de los gastos son cubiertos por aportes y contribuciones; los regímenes especiales, que benefician al 3% de los jubilados, representan el 10% del gasto total; más de la mitad de las prestaciones provienen de alguna de las numerosas moratorias implementadas a lo largo del tiempo; y la cantidad de beneficiarios con doble jubilación asciende a 1,2 millones. Además, la evolución demográfica sugiere que los desafíos financieros del sistema se intensificarán en las próximas décadas.
En este estado de situación y contexto futuro, urge abordar un ordenamiento integral del sistema previsional, en el que el cambio en la movilidad es apenas uno de los ítems.
Para abordar los problemas de financiamiento y equidad en un sistema de seguridad social deficitario y lleno de desigualdades, se pueden considerar varias medidas y enfoques. Algunas de estas pueden incluir:
Reforma integral del sistema de seguridad social: En lugar de centrarse únicamente en la reforma de la fórmula de movilidad, se puede llevar a cabo una revisión completa del sistema de seguridad social. Esto podría implicar ajustes en la edad de jubilación, la contribución de los trabajadores, la cobertura de beneficios y la gestión de fondos.
Incremento de la recaudación: Mejorar la recaudación de impuestos y contribuciones puede aumentar los ingresos destinados al financiamiento del sistema de seguridad social. Esto podría lograrse mediante una mayor fiscalización, la reducción de la evasión fiscal y la implementación de medidas para fomentar la formalización del empleo.
Reducción de la informalidad laboral: La informalidad laboral es un problema importante en muchos países y afecta negativamente al financiamiento de la seguridad social. Implementar políticas para fomentar la formalización del empleo puede ayudar a aumentar la base de contribuyentes y mejorar la sostenibilidad del sistema.
Reevaluación de los beneficios y privilegios: Es importante revisar los beneficios y privilegios existentes dentro del sistema de seguridad social para asegurar que sean equitativos y sostenibles. Esto podría implicar ajustes en los montos de las jubilaciones más altas, la eliminación de privilegios injustificados y la redistribución de recursos hacia los segmentos más vulnerables de la población.
Promoción del ahorro previsional complementario: Fomentar el ahorro privado a través de sistemas de pensiones complementarios puede aliviar la presión sobre el sistema público de seguridad social y ofrecer a los trabajadores una mayor autonomía en la planificación de su jubilación.
Diálogo y consenso: Es fundamental involucrar a diferentes actores, incluyendo a trabajadores, empleadores, expertos en seguridad social y representantes gubernamentales, en un proceso de diálogo y consenso para diseñar e implementar reformas efectivas y equitativas.
En resumen, resolver los problemas de financiamiento y equidad en un sistema de seguridad social deficitaria y desigual requiere un enfoque integral que aborde tanto la recaudación de ingresos como la distribución equitativa de beneficios, al mismo tiempo que se promueve la sostenibilidad a largo plazo.
