La presión tributaria argentina se mantiene elevada en términos regionales, pero su composición —marcada por impuestos en cascada y tributos transaccionales— continúa generando distorsiones que limitan la inversión, la formalización y el crecimiento de largo plazo.
La estructura tributaria argentina presenta, desde hace décadas, un rasgo distintivo dentro de las economías comparables: una elevada presión fiscal combinada con una fuerte dependencia de tributos considerados distorsivos desde el punto de vista económico. Este patrón no solo condiciona la competitividad del sector productivo, sino que también limita la capacidad del sistema impositivo para promover crecimiento sostenido, formalización laboral y equidad distributiva.
Presión tributaria elevada y composición regresiva
Diversas estimaciones ubican la presión tributaria total —sumando niveles nacional, provincial y municipal— en torno a valores cercanos al 30% del producto interno bruto en los últimos años, con picos superiores en períodos previos y un aumento significativo respecto de décadas anteriores.
En términos históricos, la carga fiscal consolidada pasó de niveles cercanos al 21,6% del PIB en la década de 1990 a aproximadamente 27,8% hacia 2023, reflejando una tendencia ascendente asociada al crecimiento del gasto público.
Sin embargo, la magnitud de la recaudación no se traduce necesariamente en mayor eficiencia estatal ni en un sistema progresivo. Estudios recientes señalan que una proporción significativa de los recursos proviene de impuestos regresivos o de baja calidad económica, mientras que el sistema mantiene más de un centenar de tributos de escasa relevancia recaudatoria.
El peso de los tributos en cascada
Entre los principales factores de distorsión sobresalen los impuestos subnacionales sobre los ingresos brutos, aplicados sobre la facturación total sin deducción de costos intermedios. Este diseño genera un efecto “en cascada” a lo largo de la cadena productiva, encareciendo precios relativos, incentivando la integración vertical artificial y afectando decisiones de localización sectorial.
Este tributo llegó a representar alrededor del 4% del PIB en recaudación y constituye una de las principales fuentes de financiamiento provincial, explicando cerca de una cuarta parte de sus ingresos.
Además, su peso relativo dentro de los recursos propios provinciales aumentó de manera sostenida en las últimas décadas, superando el 65% cuando se lo combina con otros gravámenes distorsivos como el impuesto de sellos.
Desde la teoría tributaria, la imposición sobre ingresos brutos —al gravar ventas antes de deducir costos— resulta más distorsiva que los impuestos estándar sobre valor agregado o renta, al modificar precios relativos y desalentar la formalización económica.
Eficiencia del IVA y superposición de tributos al consumo
La coexistencia de impuestos en cascada con el impuesto al valor agregado configura una superposición que deteriora la eficiencia global del sistema. En Argentina, el IVA genera ingresos cercanos al 7% del PIB, aunque con niveles de eficiencia relativamente bajos y brechas relevantes de evasión y exenciones.
Esta combinación de múltiples tributos al consumo con diferentes bases imponibles y tratamientos sectoriales produce distorsiones adicionales en la asignación de recursos, reduciendo la neutralidad del sistema fiscal.
Impacto macroeconómico y productivo
La persistencia de impuestos distorsivos se vincula con efectos macroeconómicos adversos. Una mayor carga tributaria puede desplazar recursos desde el sector privado hacia el público, afectando la inversión, el crecimiento y la acumulación de capital, especialmente cuando el financiamiento estatal se apoya en presión impositiva, inflación o endeudamiento.
Asimismo, la evidencia empírica internacional sugiere que reducciones en ciertos impuestos —por ejemplo, sobre el trabajo— pueden tener efectos positivos sobre salarios y empleo formal, lo que refuerza el argumento a favor de reconfigurar la estructura tributaria hacia bases menos distorsivas.
Debate sobre la reforma tributaria
En el plano de las propuestas, distintos enfoques plantean sustituir gradualmente los tributos en cascada por esquemas de imposición al consumo más neutrales, como variantes de un IVA compartido entre niveles de gobierno. Estos mecanismos buscan mejorar la coordinación fiscal, reducir distorsiones productivas y mantener la sostenibilidad de los ingresos provinciales.
Reformas recientes en discusión también contemplan la eliminación o transformación del impuesto sobre los ingresos brutos, considerado regresivo y perjudicial para la actividad económica, en favor de estructuras tributarias más eficientes.
Un problema estructural
La evidencia disponible sugiere que el principal desafío tributario argentino no reside únicamente en el nivel de presión fiscal, sino en su composición. La dependencia de impuestos distorsivos, la superposición de gravámenes sobre el consumo y la baja eficiencia recaudatoria configuran un sistema que recauda como economías desarrolladas pero con menor capacidad de crecimiento y equidad.
En este contexto, cualquier estrategia de estabilización macroeconómica y desarrollo sostenido requerirá avanzar hacia una reforma integral que priorice simplicidad, neutralidad económica y progresividad distributiva. La reducción de tributos en cascada y la mejora en la eficiencia de los impuestos existentes aparecen como condiciones necesarias para compatibilizar solvencia fiscal con expansión productiva en el mediano plazo.
CP Leonardo H. Piazza
Director de LP CONSULTING
