La Nación no debe regular los servicios públicos del AMBA
Para no dar por caído el acuerdo, el FMI tuvo que flexibilizar las metas en función de la muy alta inflación. La principal causa de la inflación es la emisión monetaria que demandan los subsidios económicos. Esto no se resuelve con la demorada segmentación de tarifas sino con un ordenamiento del Estado.
El Directorio del FMI dio por cumplidas las metas fijadas en el acuerdo con la Argentina en la segunda revisión a junio 2022. En el documento técnico se explica que esto fue posible gracias a que las metas fueron flexibilizadas en función del contexto de mayor inflación. Por ejemplo, la meta original de déficit fiscal para junio 2022 era de $567 mil millones y el déficit observado fue de $800 mil millones. Los técnicos del FMI aceptaron ajustar esa meta a $849 mil millones por el aumento de los precios. Con este cambio el FMI pudo dar por cumplidos los compromisos evitando la caída del acuerdo.
Para el FMI resulta tolerable el aumento de la inflación. Pero para la población, especialmente la más vulnerable, la alta inflación se vuelve cada vez más intolerable. Esto impone la prioridad de reducirla. Si bien la inflación es un fenómeno multicausal, en el actual contexto la emisión monetaria tiene una centralidad decisiva. Por eso, y sin margen para aumentar impuestos, es urgente bajar el gasto público.
Para identificar los componentes del gasto público que podrían ser revisados a fin de morigerar la inflación, sirve poner la atención en los subsidios económicos. Según datos de la ASAP se pueden proyectar para el 2022 las siguientes magnitudes:
Los subsidios a la energía ascienden a 3,0% del PBI.
Los subsidios al transporte ascienden a 0,7% del PBI.
Los subsidios a AySA, la empresa de agua de la región metropolitana, ascienden a 0,2% del PBI.
Fuente: IDESA en base a ASAP
Estos datos muestran que los subsidios económicos equivalen a 3,9% del PBI, más que el déficit proyectado para 2022 que es de 2,5% del PBI. Si se lograra morigerarlos se podría reducir la emisión monetaria y, con ello, la inflación. Esta es la razón que hace urgente bajar los subsidios. Frente a este desafío, la segmentación de tarifas es inconducente. Tanto porque su instrumentación es muy compleja como porque no resuelve los problemas.
En materia de energía eléctrica, CAMMESA absorbe una enorme masa de recursos públicos. La mayor parte porque compra la energía a un precio mayor al que le vende a las distribuidoras. Pero también porque las distribuidoras eléctricas no le pagan a CAMMESA esta energía que les vende. Tal es así, que el proyecto de ley de presupuesto 2023 prevé que la Nación podrá descontarles a las provincias las deudas que generen sus distribuidoras de electricidad con CAMMESA. La lógica es que, si una provincia regula los precios de la electricidad por debajo de los costos, sea ella la que se haga cargo del quebranto que genera, en lugar de socializarlo acumulando deudas con CAMMESA.
Pero en el AMBA es la Nación la que regula los precios de la electricidad. Por lo tanto, el mecanismo que se propone en el proyecto de presupuesto no podrá ser aplicado a las principales generadoras de deuda con CAMMESA que son las empresas Edenor y Edesur. En otras palabras, se atacan los subsidios a la energía para el interior del país, pero se mantienen para el AMBA. Análoga distorsión se observa en los subsidios al transporte donde la mayor parte es para trenes y colectivos del AMBA y una parte menor para los colectivos de las provincias. Una situación extrema se da con AySA que implica una enorme masa de fondos nacionales destinados enteramente al servicio de agua y cloacas del AMBA.
Reducir los subsidios es urgente y prioritario. El planteo general debería ser que las tarifas reflejen los costos y contemplar tarifas sociales para las familias de bajos ingresos. La tarifa social debe ser administrada por las provincias, no solo porque así es el reparto de competencias que establece la Constitución nacional, sino porque es la única manera de contemplar las particularidades de cada región en materia de clima, cobertura de servicios públicos y situación social. Pero, para esto, es imprescindible que la Nación deje de hacerse cargo de la regulación y la gestión de las empresas públicas en las áreas de distribución eléctrica, transporte público urbano y agua del AMBA.
