El gobierno espera que la reforma laboral se haga con la negociación colectiva entre cámaras empresarias y sindicatos centrales. Pero, salvo excepciones, los convenios colectivos no se actualizan hace décadas. La solución es permitir a las empresas a desengancharse de los convenios sectoriales para celebrar sus propios acuerdos.
El fuerte respaldo del gobierno de Estados Unidos no fue suficiente para calmar la incertidumbre sobre la Argentina. Entre los factores que generan desconfianza uno de los más importantes son las dudas sobre la capacidad del gobierno para mejorar la gestión administrativa y política. En particular, si es capaz de acordar con parte de la oposición el sostenimiento de la disciplina fiscal y el abordaje de las reformas estructurales. En este marco, es muy positivo que desde el oficialismo se ponga en la agenda de políticas públicas la modernización de las instituciones laborales.
El planteo oficial es que la actualización de las regulaciones laborales debe será través de la negociación colectiva. En este sentido, el Ministro de Desregulación conminó a los empresarios a que acuerden con los sindicatos la creación de fondos de despido en sustitución de la indemnización de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como quedó habilitado en la ley de bases. También requirió que la negociación colectiva se haga a nivel regional –no nacional– para adaptar las regulaciones laborales a las diferencias geográficas de productividad.
La pregunta que cabe hacerse es qué chances existen de que la reforma laboral se haga por las negociaciones colectivas entre empresas y trabajadores bajo el esquema legal actual. Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación para el 2025 se observa que:
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El 64% de los asalariados privados registrados bajo convenio se rige por convenios colectivos de actividad firmados por solo 17 sindicatos centrales.
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Otro 32% de los trabajadores se rige por 595 convenios colectivos firmados a nivel de rama, región u ocupación.
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Sólo el 4% de los trabajadores se rige por un convenio colectivo de empresa.
Estos datos muestran que el sistema de negociación colectiva está extremadamente centralizado. Dos tercios de los trabajadores registrados se rigen por convenios colectivos de actividad firmados por 17 sindicatos, de los cuales 11 de ellos fueron negociados en el siglo pasado (la mayoría en las décadas de 1970 y 1980 y algunos en 1990). En el otro extremo, una porción minúscula se rige por convenios de empresas. Celebrados por apenas 725 empresas, un número ínfimo respecto al medio millón de empleadores formales que hay en la Argentina. En suma, la regla son convenios colectivos arcaicos firmados por cúpulas.
El esquema actual lleva a que los viejos convenios colectivos sigan vigentes gracias a la regla de ultraactividad y a que los convenios firmados hace décadas por cúpulas empresariales y sindicales sean de aplicación obligatoria para todos los trabajadores del sector, rama u ocupación. Por esta razón, no hay incentivos a renovarlos. Lo único que hay son paritarias para la actualización periódica de las escalas salariales. Pero el resto de las clausulas de los convenios colectivos permanecen petrificadas. Bajo estas condiciones, delegar en la negociación colectiva la modernización laboral es garantía de fracaso. Así viene pasando con el fondo de despido y seguirá pasando con el resto de las regulaciones laborales.
Esto no es motivo para cambiar de estrategia. Por el contrario, es un motivo adicional que hace imprescindible cambiar las reglas de la negociación colectiva. La manera práctica de romper con la petrificación de los convenios colectivos ultraactivos es permitiendo que las empresas, con acuerdo de sus trabajadores, puedan desligarse de los convenios colectivos sectoriales. Esto es, colocar un orden de prelación en el cual los acuerdos por empresa entre el empleador y sus trabajadores tengan preeminencia sobre los convenios colectivos a nivel de actividad, rama, región u ocupación. Dicho de otra manera, hay que darle la libertad a la empresa y sus trabajadores a que negocien sus propios acuerdos para liberarse de los vetustos convenios colectivos centralizados firmados en las décadas de 1970, 1980 o 1990 que se mantienen vigentes por la regla de la ultraactividad.
Esperar que las cúpulas empresarias y sindicales rompan con la petrificación de la negociación colectiva es garantía de fracaso. Mucho más conducente es que el oficialismo apoye la iniciativa –que impulsa parte de la oposición en el Congreso– proponiendo regular un mecanismo para que las empresas, con acuerdo de sus trabajadores, puedan desengancharse de los viejos convenios colectivos sectoriales.
