El problema de la inseguridad en Rosario es un ejemplo concreto de cómo el mal funcionamiento del Estado deteriora la calidad de vida de los ciudadanos.
En el presupuesto 2023 de la provincia de Santa Fe hay asignado para el Poder Judicial Provincial $64 mil millones y para seguridad $154 mil millones. A esto hay que sumarle que el Poder Judicial nacional tienen asignado en Santa Fe $8 mil millones, el Ministerio de Seguridad Nacional tiene asignados otros $27 mil millones y el Ministerio de Defensa $20 mil millones. Estos últimos números son gasto nacional en seguridad sólo en Santa Fe que viene a complementar lo que la provincia asigna de su presupuesto.
Sumados todas las asignaciones presupuestarias da $273 mil millones. Es difícil saber si esto es mucho o poco. Pero lo cierto es que la única vez que los narcotraficantes tuvieron miedo fue cuando los propios vecinos les destruyeron las instalaciones para la producción de la droga. O sea, hasta los narcotraficantes deben haber pensado que en este país no hay seguridad. Este lamentable hecho sugiere que los $273 mil millones no están bien utilizados; o por lo menos se podrían hacerlos rendir mejor, porque no hay seguridad.
En lugar de promover una profunda autocrítica a nivel de los poderes judiciales y de reparticiones de seguridad nacionales y de la provincia para mejorar el desempeño de los cuerpos judiciales y fuerzas de seguridad, en el Congreso nacional no tuvieron mejor idea que armar un proyecto de ley bajo el título “Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la Provincia de Santa Fe” como para que la gente crea que ahora sí el Estado está comprometiéndose con la inseguridad en Santa Fe.
El proyecto propone la creación de 50 cargos nuevos para jueces, fiscales y defensores oficiales. Esto implicará un gasto de $1 mil millones más que se suman a los $273 mil millones que ya hay. Esto indica dos cosas.
En primer lugar, si con $273 mil millones la gente tuvo que recurrir a la justicia por mano propia, sumándole un 0,3% no parece que los nuevos recursos puedan cambiar la situación. En segundo lugar, los $273 mil millones no es poca plata si con el 0,3% se financian 50 nuevos funcionarios de altos salarios.
Las soluciones marginalistas
Lo anterior es apenas un botón de muestra de lo mal que se gestiona el Estado en todos sus niveles de gobierno. Muchos presupuestos, dispersos en distintos organismos, que no coordinan entre ellos y tampoco se preocupan para que el trabajo interno sea eficiente con medición de resultados. Cuando aparecen los problemas y los malos resultados, en lugar de mejorar la gestión se quiere tapar los problemas con más recursos públicos “en el margen”, o sea, por encima, que en definitiva son más impuestos y que últimamente es más impuesto inflacionario.
Lo mismo sucedió con la educación básica. La Argentina tenía una posición de privilegio en el año 2000 en las pruebas PISA que toma habilidades de lecto-escritura y matemática a jóvenes de 15 años. Estaba a la cabeza en los países de Sudamérica. En el 2006, cuando la educación básica estaba dando cuentas de rezagos en los aprendizajes se decidió sancionar la Ley de Financiamiento Educativo estipulando que la Argentina gastaría 6% del PBI en educación. La meta se logró, en las escuelas primarias de gestión estatal de todo el país hoy hay en promedio 17 alumnos por cargo docente al frente de alumno, pero en el 2021 las pruebas Aprender –que ejecuta el Ministerio de Educación Nacional– arrojó que la mitad de los chicos que terminan la primaria tienen niveles insuficientes o básico en lecto-escritura y matemática.O sea, en pocas palabras, no saben leer, escribir, sumar y restar como corresponde para haber terminado la primaria.
Esto se traduce en que las pruebas PISA, que en el 2000 estábamos a la cabeza en Sudamérica, hoy Argentina esté por debajo de Chile, Uruguay, Brasil y Colombia e igual que Perú. Todos avanzaron, menos Argentina, que se rezago con un montón de gasto público en educación. Hasta ahora a nadie se le ocurrió en el sector público mejorar la gestión educativa para mejorar la calidad educativa.
La paradoja de tirarle plata a los problemas en lugar de gestión
El sector público va a sumando gasto público que no puede financiar. Termina generando deuda pública y emisión monetaria, lo que termina produciendo alta y creciente inflación. Con más inflación hay cada vez más pobres. En el 1° semestre 2022 había 36%, en el 2° semestre dio 39% y en el 1° semestre del 2023 va a dar por encima de 40%, dato que se anunciará a fines del próximo setiembre justo antes de las elecciones generales que serán en octubre.
El último dato del INDEC dice que la pobreza ya golpea al 54% de los niños. Los datos de las pruebas Aprender del Ministerio de Educación dice que la mayoría de ellos no sabe leer, escribir, sumar y restar. Esto implica que van a tener muchos inconvenientes –muchos de ellos no los van sortear– para tener un buen empleo cuando sean adultos.
La paradoja de tirarle plata a los problemas, en lugar de gestión, es que más gasto público mal gestionado genera más inflación, más pobreza, baja educación lo que termina brindando mano de obra barata al narcotráfico.
