¿Por qué el gobierno de La Rioja emite cuasimonedas?
El gobierno de La Rioja decidió emitir cuasimonedas. El origen del problema es el exceso de gasto, especialmente en empleo público, financiado con coparticipación y transferencias discrecionales nacionales. Urge rediseñar el sistema tributario, incluyendo la sustitución de la coparticipación por un Fondo de Convergencia.
El gobierno de La Rioja emitió una cuasimoneda para pagar los sueldos de los empleados públicos. Consiste en títulos de deuda pública provincial que pueden ser usados para transacciones comerciales, como si fuera dinero. No es moneda de curso legal (que sólo el Estado nacional puede emitir) pero tiene funcionalidades similares.
Las cuasimonedas tienden a depreciarse con respecto al peso. La magnitud de la pérdida de valor depende del monto de la emisión. De manera que, si el Estado provincial mantiene en el tiempo la estrategia de cubrir sus desequilibrios emitiendo cuasimoneda, la tasa de depreciación será creciente. El principal efecto es que quienes reciban del Estado provincial pagos en cuasimonedas, al deterioro que le provoca la inflación en pesos, se le adicionará la perdida que le generará la caída en la paridad. El impacto sobre la actividad productiva y la situación social en la provincia será muy negativo.
¿Qué dicen las evidencias respecto al argumento del gobernador de La Rioja de que el origen del problema son las insuficientes transferencias de la Nación? Según información publicada por el Ministerio de Economía para el año 2023 se observa que:
El conjunto de las provincias argentinas recibió de la coparticipación $42.000 por persona y tiene en promedio 50 empleados públicos por cada 1.000 habitantes.
La Rioja recibió $94.000 por persona y tiene 114 empleados públicos por cada 1.000 habitantes.
Esto implica que La Rioja recibió más del doble de coparticipación y tiene más del doble de empleados públicos por habitante que el promedio nacional.
Estos datos muestran que el principal problema de La Rioja no es la insuficiencia de recursos sino el exceso de empleo público. Lamentablemente, el caso de La Rioja no es único. Otras provincias también son muy beneficiadas por la coparticipación –Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego– y tienen más de 100 empleados públicos por cada 1.000 habitantes. Por lo tanto, está latente el riesgo de que otras provincias imiten a La Rioja.
Los excesos de gasto público, en particular de empleo público, son promovidos por los incentivos que genera la coparticipación de impuestos nacionales. De manera diaria y automática la recaudación nacional se transfiere a cada provincia en base a parámetros muy arbitrarios. Algunas provincias reciben muchos más recursos que los que aportan, sin ningún condicionante. El exceso de financiamiento estimula y posibilita a los gobiernos provinciales a ejecutar prácticas clientelares. La expansión de la planta de empleados públicos para eternizarse en el poder es sólo un ejemplo. Ser privilegiada por la coparticipación es un factor de atraso porque induce a malas prácticas de gestión.
Los daños que provocan las cuasimonedas no se van a evitar aumentando las transferencias nacionales. Todo lo contrario, mientras más recursos se envíen más se incentiva el derroche de fondos públicos. Se necesita un ordenamiento tributario que elimine la coparticipación. En lugar de centralizar la recaudación de impuestos nacionales para luego distribuirlos entre el Estado nacional y las provincias con criterios arbitrarios, hay que distribuir las fuentes tributarias. Bajo esta lógica, las provincias pasan a autofinanciarse con la totalidad del IVA que se genere en su territorio unificado con Ingresos Brutos. La recaudación sigue siendo centralizada, solo que la distribución no es por coparticipación, sino que va a la provincia donde se generó el valor agregado. Para las provincias con menor nivel de desarrollo hay que contemplar un Fondo de Convergencia que le permita seguir funcionando con normalidad, pero que a la vez le imponga la condicionalidad de aplicar una estrategia de desarrollo realista y verificable.
La ley ómnibus plantea reformas a algunos impuestos. Pero elude un ordenamiento integral del sistema tributario. Se trata de una debilidad que debería ser rápidamente subsanada. El desarrollo general del país, en especial de las regiones más pobres, depende de desactivar los perversos incentivos que genera la coparticipación.
