El Informe sobre Bancos de mayo, publicado por el BCRA, confirma que el deterioro de la cartera crediticia no se detiene. Con las familias como epicentro del problema, el dato interpela tanto a la estabilidad del sistema financiero como al bolsillo de millones de argentinos que hoy no pueden honrar sus compromisos.
Un deterioro con nombre y apellido: las familias
El dato más elocuente del informe no es el agregado, sino su composición. La morosidad de las financiaciones a las familias trepó a 12,8%, con una suba mensual de 0,7 p.p., muy por encima del promedio del sistema. Al desagregar por línea de crédito, los préstamos personales exhiben una irregularidad de 15,9%, mientras que las tarjetas de crédito llegan a 11,7%. En contraste, la mora empresarial —aunque también creciente— se mantiene en un nivel sensiblemente más bajo, de 3,5%, con un aumento de apenas 0,1 p.p. mensual.
Esta asimetría no es casual. Los hogares argentinos vienen absorbiendo, en simultáneo, la pérdida de poder adquisitivo del salario real, tasas de interés elevadas en términos históricos y una recomposición del consumo financiado con deuda de corto plazo —tarjetas y préstamos personales— que, a diferencia del crédito comercial o con garantía real, no está respaldada por activos ni por flujos de caja empresariales. Cuando el ingreso disponible se comprime, es precisamente ese segmento el que primero exterioriza el estrés financiero.
La trampa estadística del denominador
El propio BCRA introduce un matiz técnico que merece atención: si bien el ritmo de crecimiento del saldo real de los créditos en situación irregular mostró cierta moderación en los últimos meses, esa mejora todavía no se traduce en una baja del ratio de morosidad. La explicación es de manual de análisis financiero: el ratio de irregularidad es un cociente entre cartera irregular y cartera total. Cuando el crédito total se estanca o crece a un ritmo exiguo —como viene ocurriendo—, el denominador prácticamente no se mueve, y cualquier incremento, por pequeño que sea, en el numerador (los préstamos en default) se traduce mecánicamente en una suba del indicador.
Este fenómeno no es menor desde el punto de vista del diagnóstico macroeconómico: un ratio de mora que sube puede reflejar tanto un empeoramiento genuino de la capacidad de pago de los deudores como, simplemente, la atonía del crédito nuevo. En el caso argentino de mayo, ambos efectos parecen estar operando a la vez, aunque con matices.
Una recuperación crediticia demasiado tenue para compensar
En mayo, el crédito privado en pesos mostró una leve recuperación, con un alza de 0,3% mensual —luego de cuatro meses consecutivos de caída— y una variación interanual de apenas 5,1% en términos reales. El repunte estuvo traccionado por las líneas comerciales y aquellas con garantía real, mientras que los préstamos al consumo volvieron a retroceder, con una caída de 1,1% mensual.
Esta fotografía es reveladora: la porción del crédito que más está sosteniendo el leve repunte agregado —la comercial y la de garantía real— es, a la vez, la que exhibe menor morosidad. Mientras tanto, el segmento que más se contrae —el consumo— es el que concentra el mayor deterioro relativo. En otras palabras, el sistema financiero está creciendo donde el riesgo es más bajo y se contrae donde el riesgo ya es alto, una dinámica de «vuelo hacia la calidad» (flight to quality) que los propios bancos aplican de manera implícita al restringir la originación de crédito a familias con score crediticio más débil.
Solvencia sistémica, pero con costos reales
Es importante contextualizar estos números dentro del cuadro más amplio que el propio informe del BCRA ofrece. El sistema financiero argentino conserva, en términos agregados, niveles de solvencia elevados: la integración de capital regulatorio (RPC) alcanza 30,7% de los activos ponderados por riesgo, muy por encima de las exigencias normativas, y las previsiones constituidas cubren 86,3% de la cartera irregular. Esto significa que, en el corto plazo, no existe un riesgo sistémico de insolvencia bancaria: los bancos argentinos tienen colchones de capital y previsionamiento más que suficientes para absorber esta ola de incobrabilidad sin que ello comprometa su viabilidad.
Sin embargo, sería un error de análisis limitar la lectura a la solidez patrimonial de las entidades. La solvencia bancaria agregada convive con un deterioro silencioso pero persistente de la salud financiera de los hogares. Que el sistema pueda «aguantar» la mora no implica que el fenómeno carezca de consecuencias macroeconómicas: una cartera de consumo cada vez más irregular retroalimenta la cautela de los bancos a la hora de prestar, lo que a su vez restringe aún más el acceso al crédito de las familias de menores ingresos, profundizando un círculo de exclusión financiera justo en el segmento que más lo necesitaría para suavizar shocks de ingreso.
El termómetro del bolsillo
A nivel micro, el dato de morosidad funciona como un termómetro bastante preciso del estado de las finanzas domésticas. Una tasa de irregularidad de 15,9% en préstamos personales y de 11,7% en tarjetas de crédito implica que, de cada diez pesos prestados a las familias bajo esas modalidades, más de uno ya está en situación de incumplimiento. Para el ciudadano de a pie, este número no es una abstracción estadística: se traduce en tasas de interés más altas para quienes todavía califican para acceder a crédito (porque los bancos trasladan el riesgo de default agregado al costo del financiamiento), en líneas de crédito más restrictivas, y en un mayor uso de mecanismos de financiamiento informal o de mayor costo relativo cuando el canal bancario se cierra.
Además, la morosidad no es un fenómeno homogéneo entre estratos de ingreso: suele concentrarse desproporcionadamente en los segmentos medios y bajos, que son también los que dependen en mayor medida del crédito al consumo para sostener gastos corrientes —y no necesariamente para financiar inversión o consumo durable de mayor jerarquía—. Esto sugiere que detrás del dato agregado hay una historia de licuación del ingreso real que antecede, y en gran medida explica, el fenómeno de incobrabilidad que hoy exhibe el sistema.
Una tendencia a monitorear, no una crisis sistémica
En síntesis, el Informe sobre Bancos de mayo del BCRA deja dos lecturas que conviven sin contradecirse. Por un lado, el sistema financiero argentino, en su conjunto, exhibe una posición de solvencia y liquidez que lo blinda frente a un escenario de estrés sistémico de corto plazo. Por otro, la morosidad de las familias —ya en niveles de dos dígitos altos en el segmento de consumo— constituye una señal de alerta temprana sobre la capacidad de pago de los hogares argentinos, que no debería subestimarse solo porque los bancos, individualmente, puedan absorber la pérdida.
El desafío de política económica hacia adelante no pasa entonces por la estabilidad bancaria en sí misma, sino por evitar que el deterioro del crédito a las familias se convierta en un freno adicional al consumo y, por esa vía, a la recuperación económica general. Si el crédito sigue estancado y la mora sigue subiendo, el círculo virtuoso de mayor bancarización e inclusión financiera que se buscó construir en los últimos años corre el riesgo de revertirse, con costos que —a diferencia de los que asumen los bancos— recaen de lleno sobre el bolsillo de la gente común.
C.P. Leonardo H. Piazza
Director de LP CONSULTING – Consultora de Economía, Finanzas y Negocios
