Con un amplio consenso, en Tierra del Fuego se estableció que los empleados públicos se jubilen a los 55 años. La promesa es actuarialmente incumplible. Se suma otra evidencia de que la decadencia argentina no es producto de la “grieta”, sino de los consensos en torno a políticas equivocadas.
La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó que los empleados públicos provinciales puedan jubilarse a los 55 años de edad, hasta el 31 de diciembre del 2027. Esta edad es muy inferior al régimen general nacional de 60 para las mujeres y 65 para los varones. Asimismo, se establecieron reglas que aumentan los haberes y se fijó un mínimo de 30 años de aporte, de los cuales 25 tienen que ser hechos en la Provincia, mientras que los restantes pueden ser cubiertos con aportes nacionales o de otros sistemas. Contrariando la idea prevaleciente de la “grieta”, el proyecto fue aprobado con un amplio consenso político.
La Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego sufre una profunda crisis de financiamiento, como le ocurre a la mayor parte de la previsión social argentina. En el 2017 se intentó paliar los problemas con una muy resistida reforma. Los cambios legales en aquella instancia tendieron hacia una armonización parcial con los parámetros jubilatorios del régimen nacional. Por ejemplo, se estableció la edad jubilatoria en 60 años. Pero con la norma recientemente sancionada se generó una ventana hasta el 2027 para que los empleados públicos se sigan retirando a los 55 años de edad.
¿Qué dicen las evidencias respecto a esta promesa? Un cálculo muy simple indica que:
Una persona se retira a los 55 años de edad, con 30 años aportes de los cuales 25 tienen que ser como mínimo en la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego.
Según el boletín demográfico de la CEPAL, en la Argentina la esperanza de vida a los 55 años de edad es de aproximadamente 85 años.
Esto implica que la persona estará jubilada durante más tiempo que el que hizo aportes a la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego.
Estos datos muestran la profunda inconsistencia que contienen estas reglas previsionales. Se asume el compromiso de pagar jubilaciones por más tiempo del que se aporta. Además, se aumenta el haber de manera que en la mayoría de los casos la jubilación es superior a la media del salario sobre el que se aportó. Para que esto sea financieramente consistente, habría que disponer que el trabajador activo destine más de la mitad de su remuneración al sistema previsional. Como este nivel de imposición no es razonable, ni tolerable, se opta por hacer una promesa incumplible con una alta dosis de demagogia e irresponsabilidad social.
El principal argumento para justificar la irresponsabilidad es que la Caja de Previsión actualmente es superavitaria. Se trata de un argumento falaz, especialmente en un sistema previsional relativamente joven como el fueguino. Con apenas 40 años de operación todavía disfruta de una baja proporción de jubilados respecto de trabajadores activos (7 mil contra 23 mil). Pero aun así el gasto previsional ya representa el 15% del total de gasto público de la provincia. Para tener una idea de magnitud, la inversión en educación primaria y secundaria de Tierra del Fuego representa el 22% del gasto público provincial. Es posible que en el 2028 –cuando pase esta ventana de oportunidad de jubilarse a los 55– el gasto en jubilaciones de los empleados públicos sea equivalente al gasto en educación básica.
La falta de previsión en la política previsional no es un hecho aislado acotado a Tierra del Fuego sino un fenómeno generalizado y de larga data. Un ejemplo contundente por las similitudes con lo ocurrido en Tierra del Fuego se dio en Córdoba en 1990. En esa época se aprobó, con un consenso también prácticamente unánime, una norma previsional de similares contenidos. A los pocos años, el desequilibrio previsional fue tan grande que desestabilizó las finanzas públicas de la provincia generando una grave crisis económica y política y daños institucionales que perduran hasta la actualidad.
La Legislatura de Tierra del Fuego aporta una nueva evidencia de que en materia de organización y administración del Estado no hay “grieta”, sino consensos que sostienen políticas que generan decadencia. Se trata de un largo proceso de degradación del Estado derivado de decisiones que combinan demagogia, oportunismo, improvisación e irresponsabilidad. Mientras no se expliciten y cuestionen estos consensos equivocados y se impongan criterios más responsables y racionales en la organización y gestión del Estado no habrá posibilidades para la Argentina de salir de la decadencia.
