A fin de mes vence la moratoria previsional. No es recomendable volver a renovarla, pero tampoco dejarla que venza sin hacer nada. Es la oportunidad para eliminar el mínimo de 30 años de aportes y perfeccionar la PUAM. Este sería un primer paso fundamental hacia el ordenamiento integral del sistema previsional.
Una vez más la defensa de la causa de los jubilados derivó en graves actos de violencia. En esta ocasión la novedad fue que el salvajismo en el nombre los jubilados estuvo a cargo de los “barra brava” de futbol. Organizaciones con muchos antecedentes de coerción, delitos, y destrucción. En lo sustancial, la violencia observada no difirió mucho de la que también se produjo en el 2017 cuando el Congreso trataba la modificación de la regla de movilidad.
Una señal de alerta es el próximo vencimiento de la moratoria previsional a fin de marzo. Las moratorias son usadas por personas que llegan a la edad jubilatoria (60 mujeres; 65 varones) sin acumular un mínimo de 30 años de aportes. El mecanismo consiste en simular haber tenido un trabajo autónomo, por los años de aportes faltantes, a los fines de completar los 30 años exigidos por la ley. Por ese periodo se calcula una deuda por los aportes no ingresados que se pagan con un plan de pagos en condiciones muy flexibles y cuyas cuotas se descuentan del mismo haber previsional.
Aproximadamente dos tercios de quienes llegan a la edad de jubilarse apelan a la moratoria porque no cumplen con el mínimo de 30 años de aportes. Según la Subsecretaría de Seguridad Social entre estas personas, para el 2024, se observa que:
El 52% tiene menos de 10 años de aportes.
El 30% tiene entre 10 y 25 años de aportes.
Sólo el 18% restante junta entre 25 y 30 años de aportes.
Estos datos muestran que hay una gran dispersión en la densidad de aportes de las personas que llegan a la edad de jubilarse. En un extremo aparece la mayoría que acumula menos de 10 años de aportes. En el otro extremo, solo 2 de cada 10 personas llegan faltándole menos de 5 años para completar el mínimo de ley. Si no se renuevan las moratorias toda esta gente deberá postergar el retiro o acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).Esta es una prestación no contributiva con dos importantes defectos. El primero es que no reconoce aportes realizados por debajo de los 30 años. Es decir, una persona con ningún aporte y otra con 29 años de aportes reciben la misma PUAM. El segundo es que no permite seguir trabajando, cuando las jubilaciones contributivas sí lo permiten.
El requerimiento de 30 años de aportes viene de la época en que el sistema previsional era mixto, combinando reparto con capitalización. En el régimen de reparto el requisito son los 30 años de aportes, mientras que en el de capitalización no se aplicaba un mínimo de aportes dado que la gente se jubilaba cuando quería con la renta que se derivaba de su cuenta de capitalización. Cuando se eliminó el régimen de capitalización se cometió el error de no revisar esta regla.Consecuentemente, el requisito de un mínimo de 30 años de aportes quedó para todas las prestaciones. Como esta barrera excluye a la mayoría de la gente, en lugar de subsanar el error, se apeló a las moratorias profundizando la crisis financiera del sistema previsional y la injusticia de dar jubilaciones contributivas a gente sin aportes.
La urgencia ahora es encontrar una mejor alternativa a renovar las moratorias.Desde hace 2 décadas que las moratorias se vienen renovandolo que profundizó la degradación del sistema previsional. La alternativa superadora es eliminar el mínimo de 30 años de aportes. Para las personas con pocos aportes donde el haber resulta muy bajo contemplar la PUAM como piso. El monto de la PUAM, a su vez, debería ser creciente en función de la cantidad de aportes acumulados y se debería permitir a los beneficiarios de la PUAM seguir trabajando, como lo pueden hacer el resto de los jubilados.
Pero la urgencia no debe tapar lo importante que es abordar el ordenamiento integral del sistema previsional. Entre los puntos medulares están la revisión de los regímenes especiales y diferenciales, abordar la alta litigiosidad (hay 200 mil juicios de jubilados contra la ANSES), revisar la doble cobertura que se produce con las pensiones derivadas y prever ajustes automáticos para adaptar el sistema previsional a los cambios demográficos.
