¿Cuál es el impacto económico para los argentinos de un Estado que no gestiona bien sus recursos?
Un Estado desordenado, donde existen duplicaciones de funciones entre la Nación y las provincias, genera ineficiencias que encarecen la prestación de servicios públicos y reducen su calidad.Reducir estas ineficiencias no solo permitiría ahorrar recursos, sino también mejorar la calidad de los servicios públicos y fomentar el desarrollo económico.
En el marco de las discusiones sobre la prórroga del Presupuesto 2025, y tras un año caracterizado por ajustes en el gasto público y reducciones en las transferencias a las provincias, se evidencia la necesidad de un análisis exhaustivo sobre la distribución de competencias y recursos entre los distintos niveles de gobierno. Este debate trasciende lo fiscal, ya que incide directamente en la eficiencia y calidad de la provisión de servicios públicos esenciales.
La delimitación de competencias entre la Nación y las provincias se establece en la Constitución Nacional, la cual asigna facultades exclusivas al gobierno federal y reserva a las jurisdicciones provinciales áreas como la educación básica y media, la salud pública, la asistencia social y el desarrollo urbano. No obstante, bajo el argumento de insuficiencia de recursos o capacidades técnicas en las provincias, el gobierno nacional ha asumido un rol activo en estas materias, generando una superposición de funciones que deriva en ineficiencias estructurales.
Esta duplicación de roles no solo representa una fuente significativa de gasto público, sino que también dificulta la coordinación interjurisdiccional y la optimización de recursos. Según un análisis del Presupuesto 2024, esta superposición se traduce en un incremento de costos administrativos y operativos, que podrían mitigarse mediante una clarificación de responsabilidades y una mayor coordinación entre los niveles de gobierno.
La falta de una distribución eficiente de competencias no solo compromete el equilibrio fiscal, sino que también afecta la calidad y accesibilidad de los servicios públicos, especialmente en provincias con menores recursos propios. Por lo tanto, resulta imperativo avanzar hacia un modelo de gestión que priorice la complementariedad entre la Nación y las provincias, eliminando redundancias y optimizando la asignación de recursos para garantizar una prestación efectiva de servicios.
El impacto económico y operativo de la duplicación de funciones.
Fuente: LP CONSULTING en base a Secretaría de Hacienda
En 2024, el gasto total ejecutado por el sector público nacional, excluyendo a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y los servicios de la deuda, alcanzó los 18 mil millones de pesos. De este total, el 80% se destinó a funciones propias de la Nación, mientras que el 20% restante (equivalente a 3.600 millones de pesos) se asignó a financiar competencias que, constitucionalmente, corresponden a las provincias. Estos recursos se distribuyeron principalmente en áreas como asistencia social (38%), salud (35%), transporte intraprovincial (7%) y vivienda y urbanismo (3%), entre otras.
Esta intervención del gobierno nacional en funciones provinciales tiene dos consecuencias principales:
Incremento de la burocracia y duplicación de estructuras administrativas: La superposición de roles entre la Nación y las provincias genera redundancias en la gestión, lo que eleva los costos operativos y reduce la eficiencia en la provisión de servicios públicos. Esto se traduce en un uso ineficiente de los recursos disponibles.
Debilitamiento de la rendición de cuentas: Al asumir responsabilidades que corresponden a las provincias, el gobierno nacional diluye la capacidad de los ciudadanos para exigir transparencia y eficacia a sus gobiernos locales. Esto dificulta la identificación de responsables directos en la gestión de servicios clave, afectando la calidad de la gobernanza
Los beneficios de clarificar las competencias entre Nación, provincias y municipios.
La delimitación precisa de competencias entre la Nación y las provincias no solo responde a un imperativo constitucional, sino que representa una oportunidad estratégica para optimizar la eficiencia del Estado y garantizar su sostenibilidad fiscal. Desde un enfoque de economía política, las provincias, por su proximidad con las demandas locales, están mejor posicionadas para gestionar áreas clave como salud, seguridad y asistencia social, en línea con el principio de subsidiariedad. Por su parte, el gobierno nacional debe enfocarse en funciones de coordinación general, establecimiento de estándares y provisión de herramientas de monitoreo que aseguren transparencia, rendición de cuentas y equidad interjurisdiccional.
La transición hacia un sistema más ordenado no se limita a la corrección de solapamientos funcionales. Requiere, además, un fortalecimiento de la autonomía provincial mediante la asignación de potestades tributarias claras y responsabilidades bien definidas. Este proceso debe enmarcarse en un pacto de coordinación fiscal que evite decisiones unilaterales, como recortes abruptos de transferencias, que pueden generar incentivos perversos en los gobiernos locales. Entre estos se incluyen la sobretasa de impuestos distorsivos, como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, o el incremento desproporcionado de tasas municipales, lo que afecta negativamente la competitividad y el bienestar social.
Un acuerdo de coordinación fiscal efectivo debe basarse en principios de equidad horizontal y vertical, eficiencia en la asignación de recursos y responsabilidad fiscal. Esto implica:
Clarificación de competencias: Eliminar superposiciones y definir responsabilidades exclusivas para cada nivel de gobierno.
Asignación de recursos proporcional a las responsabilidades: Asegurar que las provincias cuenten con los recursos necesarios para cumplir sus funciones sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
Mecanismos de compensación: Establecer transferencias fiscales que corrijan desequilibrios verticales y horizontales, garantizando equidad entre jurisdicciones.
Fortalecimiento de capacidades provinciales: Promover la profesionalización y modernización de las administraciones locales para mejorar su eficiencia.
La falta de un marco institucional sólido en este ámbito no solo perpetúa ineficiencias, sino que también limita la capacidad del Estado para responder a las demandas ciudadanas y promover un desarrollo equilibrado. Por lo tanto, avanzar hacia un sistema de competencias claras y coordinación fiscal efectiva es un requisito indispensable para construir un Estado más eficiente, transparente y sostenible.
