Milei propuso revisar el régimen de coparticipación. Varios gobernadores rechazaron la idea, incluyendo la amenaza de renuncia si la propuesta se concreta. Las evidencias muestran que, para salir de la decadencia en Argentina, es impostergable ordenar el régimen federal.
El candidato a presidente Javier Milei planteo la necesidad de revisar la coparticipación. Aunque fue en términos genéricos y sin especificaciones, inmediatamente suscitó un enérgico rechazo entre algunos gobernadores de las provincias del norte. La manifestación más extrema fue la amenaza de renuncia por parte del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, si es que el candidato Javier Milei sale electo presidente.
La teoría económica identifica a la correspondencia fiscal como el factor que contribuye a la buena administración pública. Esto es, que el nivel de gobierno que ejecuta un gasto sea también el que se encargue de cobrar los impuestos que se necesitan para financiar ese gasto. De esta forma, hay más presión para que se ponga atención en el buen uso de lo recaudado a través de los impuestos. Si la correspondencia fiscal se diluye, también se diluyen los incentivos a moderar el gasto y administrar bien los fondos públicos.
¿Cuánta correspondencia fiscal hay en la Argentina? Para responder la pregunta sirve estimar cuantos impuestos nacionales pagan los habitantes de cada provincia y cuantos recursos vuelven a cada provincia a través de transferencias automáticas (coparticipación) y gasto y transferencias discrecionales de la Nación a las provincias. Según el estudio de García y Vera, en el 2022 se observa que:
La Rioja aportó unos 780 millones de dólares y recibió aproximadamente unos 024 millones de dólares.
Catamarca aportó 838 millones de dólares y recibió 194 millones de dólares.
Formosa aportó 850 millones de dólares y recibió 647 millones de dólares.
Estos datos muestran que algunas provincias reciben mucho más del doble de los recursos que aportan sus ciudadanos pagando impuestos nacionales, lo que implica un muy bajo nivel de correspondencia fiscal. Estas provincias disponen de muchos recursos que no provienen del esfuerzo de sus habitantes. La consecuencia –como lo predice la teoría económica– es que no hay incentivos a las buenas prácticas de gestión pública. Son provincias donde históricamente prevalece el exceso de empleo público y el clientelismo.
De la mala organización del régimen federal se deriva una estructura de incentivos muy perversa. La Nación extrae recursos de las provincias más prósperas, empobreciéndolas. El caso extremo es la Provincia de Buenos Aires. Parte de estos recursos son transferidos desde el nivel central hacia las provincias más atrasadas para profundizar su empobrecimiento. Paradójicamente, el ser beneficiado en la distribución de recursos nacionales termina contribuyendo a mantener su subdesarrollo. No es exagerado afirmar que la coparticipación y las transferencias discrecionales de la Nación constituyen uno de los principales factores que explican y sostienen la decadencia argentina.
La construcción de correspondencia fiscal requiere de una reforma integral del sistema impositivo y asignación de roles. El camino es por la vía de unificar los tributos nacionales, provinciales y municipales, eliminar la coparticipación para que cada provincia se financie con los impuestos que genera en su territorio (colocando así un incentivo al desarrollo provincial) y contemplar, para las provincias más atrasadas, un Fondo de Convergencia que promueva su desarrollo. El punto clave es que se ponga más énfasis en la generación de infraestructura y capital humano, en lugar del “cheque en blanco” que se usa para gastos clientelares. Con la misma orientación, las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias deben desaparecer.
La viabilidad política de este cambio es una operación compleja, pero no imposible. No es imprescindible el consentimiento unánime de todas las provincias. Alcanza con un acuerdo de coordinación tributaria y funcional firmado por la mayoría de las provincias. El acuerdo, junto con la derogación de la actual ley de coparticipación, requiere una ley simple del Congreso de la Nación, la adhesión de las provincias a dicha ley y regular el tratamiento especial que se aplicará a las provincias que no adhieran.
