Ley ómnibus debería eliminar la paritaria nacional docente
Uno de los errores de la ley ómnibus es que mantiene la doble negociación en la paritaria docente. Que la Nación intervenga en la determinación de los salarios que pagan las provincias es fuente permanente de conflictividad y de presión para que parte de los sueldos provinciales docentes se paguen con fondos nacionales.
La Ley Nacional de Educación establece en su artículo 10° que el Ministerio de Educación nacional, el Consejo Federal de Educación y los sindicatos docentes nacionales fijarán el salario mínimo docente. El proyecto de ley ómnibus, que el gobierno elevó al Congreso, reafirma en su artículo 551° este mandato. Pero además en el artículo 552° establece que las provincias –a cuyo cargo se encuentra la gestión de la educación– acordarán para su jurisdicción otro salario mínimo docente. En conclusión, de manera confusa y contradictoria se mantiene la superposición de roles entre jurisdicciones en un tema muy sensible como es la determinación de los salarios docentes en la educación básica.
La superposición data del 2006 cuando se sancionó la Ley Nacional de Educación. En la práctica implica que funcionarios nacionales acuerdan con los sindicatos docentes nacionales la remuneración mínima que rige en todo el país. Luego, tomando como referencia este piso, en cada provincia el Ministerio de Educación provincial negocia con los sindicatos docentes provinciales las escalas de remuneraciones. El esquema incentiva la conflictividad y obliga a que la Nación se haga cargo de parte de los salarios de los docentes provinciales.
Con información publicada por el Ministerio de Educación se puede cuantificar la participación nacional en el financiamiento de los salarios docentes provinciales. A setiembre del 2023, último dato oficial disponible, se observa que:
El aporte nacional al salario docente de las provincias fue de $28.700.
El salario bruto promedio de todas las provincias fue de $320.000.
Esto implica que el Ministerio de Educación nacional sólo colabora con el 9%, en promedio, del salario docente que pagan las provincias.
Estos datos muestran que el aporte que la Nación hace al salario docente provincial es bajo. De esta forma, en la paritaria nacional se fijan aumentos que son financiados mayoritariamente por los presupuestos provinciales. Que por un mandato legal se establezca una negociación a nivel centralizado, cuyas consecuencias financieras las paga un tercero (las provincias), genera malos incentivos. La principal consecuencia es que aumenta la conflictividad docente en las provincias y adquiere legitimidad la presión de las provincias para que la Nación participe en el financiamiento del salario docente.
El proyecto de ley ómnibus propone que la Nación promueva en el Consejo Federal de Educación criterios comunes para la carrera docente, la evaluación de los nuevos docentes y la evaluación de los jóvenes que terminan la secundaria. Son acciones muy pertinentes de cara al objetivo de mejorar la gestión educativa provincial. Por esto, resulta muy contradictorio que el proyecto mantenga la mala práctica de la Nación de intervenir en la negociación salarial, en lugar de concentrarse en dejar claro que el nivel central sólo tiene funciones de monitoreo. Lo peor es que esto va en contra de la meta de bajar el gasto público ya que exacerba la presión de las provincias para que la Nación se haga cargo de pagar parte del salario docente colisionando con la organización federal.
No es el único error que contiene el proyecto de ley ómnibus respecto al ordenamiento del régimen federal. Por ejemplo, el proyecto avanza con la postergada transferencia de la justicia ordinaria y laboral del fuero nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero mantiene en la órbita nacional la Inspección General de Justicia y las funciones de regulación en la distribución de energía eléctrica de la región metropolitana, cuando en el resto del país son responsabilidades provinciales. Tampoco dispone la transferencia de las concesiones de la distribución eléctrica (Edenor y Edesur) y la propiedad de la empresa pública de agua y saneamiento de la región metropolitana (AySA) a la Ciudad Autónoma y a la provincia de Buenos Aires.
La ley ómnibus aspira a introducir transformaciones tan profundas e integrales como necesarias. Pero para que los objetivos se cumplan es imprescindible salvar errores. Varios de ellos relacionados con la organización del régimen federal. El Congreso tiene la oportunidad histórica de corregirlos y así hacer un aporte decisivo para que la Argentina salga de la decadencia.
