Planes aportan solo un cuarto del ingreso de los pobres
Una creencia muy generalizada es que los pobres viven del asistencialismo. Pero las evidencias demuestran que en el ingreso de los pobres, 3 de cada 4 pesos provienen de los ingresos laborales. Por eso, para bajar la pobreza es más importante mejorar la calidad de los empleos y reducir la inflación que expandir planes asistenciales.
En el 2° trimestre del 2020, cuando el confinamiento fue más estricto, había 3 millones de ocupados informales menos, considerando como tales a empleados “en negro” y cuentapropistas. Como la informalidad está muy asociada a la pobreza, era previsible que en la primera mitad del 2020 la incidencia de la pobreza superara el 40%. En el 2° trimestre de este año –con el relajamiento de las restricciones– se recuperó todo el empleo informal que se había perdido con el confinamiento estricto. Sin embargo, la incidencia de la pobreza en la primera mitad de este año se mantuvo por encima del 40%.
Llama la atención que en el 2019 la pobreza fuera de 35%, cuando había muchos menos planes asistenciales. En el 2019 había 4,2 millones de Asignaciones Universal por Hijo, hoy hay 4,4 millones; el Ministerio de Desarrollo Social repartía 625 mil beneficios alimentarios, hoy reparte 1,7 millones de tarjetas alimentarias; el mismo Ministerio entregaba 775 mil planes a organizaciones piqueteras, mientras que ahora son más de 1 millón a través del “Potenciar Trabajo”. Sorprende que se multiplicaron los planes asistenciales pero la marginalidad social, no sólo que no cede, sino que aumenta.
¿Por qué aumentan los planes y la pobreza se mantiene alta?
Para indagar en las respuestas sirve analizar los datos sobre distribución del ingreso del INDEC. Según esta fuente, para el primer semestre del 2021 se observa que, entre los hogares pobres:
Los ingresos laborales representan el 73% de los ingresos totales de las familias.
Los ingresos no laborales (mayormente asistencia social) representan el otro 27%.
En el 2019 se observaba una distribución similar ya que los ingresos no laborales representaban 28%.
Fuente: IDESA en base a INDEC
Estos datos muestran que 3 de cada 4 pesos de los ingresos de los pobres provienen del trabajo. Solo un cuarto de sus ingresos viene de la asistencia social. El asistencialismo fue transitoriamente importante para los pobres durante el 2020 cuando el confinamiento estricto los privó de salir a trabajar. Pero en el 2021, cuando la población se liberó y volvió al mercado laboral, la fuente principal de ingresos de los pobres vuelve a ser el trabajo.
En el debate sobre la pobreza subyace la idea de que el grueso de los ingresos de los hogares pobres proviene de las ayudas asistenciales. Este es el diagnóstico con el que se sostiene que, para paliar la pobreza, hay que destinar más fondos a la asistencia social. Las evidencias están señalando que el diagnóstico es equivocado. Aun cuando los pobres recibieran mayores ingresos asistenciales, el ingreso total les aumentaría poco porque la mayor parte de sus ingresos proviene del trabajo. En el mismo sentido, esta realidad también relativiza la idea de que el asistencialismo induce a la gente a no trabajar. Los datos sugieren que la mayoría de los pobres que reciben ayudas asistenciales se incorporan al mercado laboral, cuando tienen oportunidades de hacerlo.
Las evidencias señalan que la principal herramienta para luchar contra la pobreza es reducir la inflación. A los ingresos generados a través del trabajo informal, que son el principal sustento de los hogares pobres, les cuesta más que al resto de las remuneraciones seguir el ritmo de los precios. Por eso, en un contexto en el que la inflación supera el 50% anual, si el aumento de gasto asistencial es con más emisión monetaria (que exacerba la inflación), lejos de ayudar a los pobres se los termina perjudicando aún más. El aumento de ingresos que llega a través de los planes asistenciales nunca va a compensar la pérdida por licuación que les produce la inflación en los ingresos laborales.
La otra conclusión es que la vía más directa para reducir la pobreza –además de reducir la inflación– es aumentar la cantidad y calidad de los empleos y la empleabilidad de los pobres. Para ello, es clave modernizar la legislación laboral y tributaria induciendo más inversión y facilitando la generación de nuevos empleos de calidad. Por el otro, asegurar que los niños y jóvenes de las familias pobres tengan educación pública de calidad y terminen la secundaria. En lugar de seguir insistiendo con el asistencialismo, que no tiene capacidad para bajar la pobreza y menoscaba la dignidad de las personas, es crucial avanzar en modernizar la legislación laboral e impositiva y la educación del Estado.
