Desde hace 30 años se vienen aplicando reducciones transitorias en los costos laborales para alentar el empleo. En los ‘90 se denominaron “modalidades promovidas”, en el anterior gobierno “Empalme” y ahora “Un Puente al Empleo”. Mientras no se modernicen las instituciones laborales, el fracaso seguirá asegurado.
El gobierno presentó el programa “Un Puente al Empleo” con el objetivo deconvertir los planes asistenciales en empleos decentes. Se anuncia como una exención del 100% de las contribuciones patronales por 2 años más la posibilidad de tomar por 1 año el monto del plan como parte del salario. En el texto del proyecto se especifica que el descuento es solo sobre las contribuciones patronales al SIPA –no incluye asignaciones familiares, desempleo, obra social, ART y cargas sindicales– y está topeado en 2 salarios mínimos. Además, tiene que implicar aumento de planta, no se puede tener empleados no registrados (por eso la ley contempla un blanqueo laboral) y hay que estar al día con el pago de las cargas sociales.
El antecedente más reciente de este programa es el plan “Empalme” del 2017. Los objetivos y el diseño son parecidos. La diferencia principal es que permitía tomar como parte del salario 2 años de plan, pero en sentido contrario no contemplaba exenciones sobre contribuciones patronales. Esta iniciativa del gobierno de Macri fue un rotundo fracaso.
¿“Un Puente al Empleo” podrá lograr mejores resultados? Suponiendo un empleador que toma un beneficiario de plan asistencial por 2 años (lo que dura la exención) a un sueldo de 2 salarios mínimos ($64.000). Su situación sería la siguiente:
El trabajador le genera un costo laboral total en concepto de salarios, cargas sociales e indemnización por despido de $2,8 millones a precios actuales.
El beneficio del “Un Puente al Empleo” de 1 año de subsidio al salario (con el plan) y la exención de contribuciones por 2 años ascendería a $360 mil a precios actuales.
Esto implica que el incentivo para el empleador que contrate un beneficiario de plan asistencial sería un ahorro del 13%del costo laboral total.
Fuente: IDESA en base a legislación laboral vigente y proyecto de ley “Un Puente al Empleo”
Estos datos muestran que tomar un beneficiario de plan asistencial reduce un 13% el costo laboral. Este cálculo sólo computa el costo monetario directo de la relación laboral. Faltan considerar los costos de aprendizaje, adaptación al entorno de trabajo, tramites burocráticos y eventuales conflictos o demandas judiciales. Dado que los beneficiarios de planes asistenciales tienen bajos niveles de educación y carecen de experiencia laboral relevante, es altamente probable que el programa del gobierno fracase como el “Empalme” de Macri.
El programa, además de voluntarista, usa una frase sensible (convertir los planes en empleos) para seguir transfiriendo recursos públicos a las organizaciones piqueteras. En el artículo 5° del proyecto de ley se establece que para utilizar 1 año de plan como parte del salario el beneficiario tiene que participar en cursos de capacitación y formación suministrados por estas organizaciones. Este es el método tradicional que se utiliza para transferir recursos públicos a las organizaciones piqueteras. El artilugio para desviar fondos públicos hacia las organizaciones piqueteras pasa por alto que, como lo demuestran las mejores prácticas internacionales, el ámbito más pertinente para el entrenamiento orientado al trabajo es la empresa, no una organización piquetera.
Hace 30 años que se viene intentando dinamizar el empleo registrado ofreciendo reducciones transitorias en los costos laborales no salariales. Desde las “modalidades promovidas de contratación” previstas en la Ley Nacional de Empleo de 1991 cambian las denominaciones, pero no la sustancia ni los previsibles fracasos. La razón es que, con inestabilidad macroeconómica e instituciones laborales muy distorsivas, una reducción transitoria de costos laborales resulta un incentivo irrelevante para los empleadores, especialmente cuando se trata de personas con bajos niveles de calificación.
Las evidencias acumuladas en 3 décadas no dan margen para esperar que este tipo de programa logre convertir planes en empleos. Al contrario, su “éxito” estará en seguir transfiriendo recursos públicos a las organizaciones piqueteras. Por eso, es fundamental que en el debate parlamentario se transparenten los objetivos. El proyecto es eficaz para seguir usando a los pobres en beneficio de las organizaciones piqueteras. Pero si la meta es reducir la pobreza hay que modernizar las instituciones laborales para disminuir los costos no salariales y los riesgos de contratar un trabajador.
