El BCRA desacelero el ritmo de sus micro devaluaciones diarias.
Se detecta un momento especial y hasta pareciera sorprendente en lo que se refiere al gestionar del BCRA, donde lógicamente las variables más importantes de la macro-economía (tasas, dólar y expectativas inflacionarias) comienzan a decirle “cosas” al gobierno.
Como ya lo advertimos en varias oportunidades el Gobierno parece haberse trazado un objetivo inmediato: negociar con el FMI un plazo casi imposible para repagar la deuda con el organismo, que son 20 años. Desde el punto de vista técnico es complicado porque el acuerdo de Facilidades Extendidas que negocia el Ministerio de Economía tiene un techo máximo de diez.
Pero en el contexto actual de pandemia mundial y viendo la exposición que el FMI tiene con nuestro país, seguramente podrá analizar esta excepción pero los condicionamientos que solicitara a nuestra economía serán bastantes exigentes.
En el caso de una respuesta afirmativa, entonces es probable que el FMI pida lo de siempre: ajustar las cuentas fiscales para bajar el déficit fiscal, política de emisión monetaria controlada, recomponer el stock de reservas, y alguna que otra cosa mas.. En un año de elecciones, y sin acceso al mercado de deuda, será todo un desafío para el gobierno poder cumplir esos condicionamientos.
Ante esta situación, el primer aspecto que habrá que tomar en cuenta, es el aspecto que señala que este año, los salarios deben ganarle a la inflación. Desde el Gobierno consideran que la recuperación del ingreso será clave para el crecimiento de la economía este año y, dentro de ese marco, elevaron un proyecto de ley que tiene como objetivo modificar el piso de quienes pagan el Impuesto a las Ganancias. De aprobarse esta ley, solo pasarían a pagar ese tributo aquellos que perciban salarios superiores a 150 mil pesos mensuales y las jubilaciones superiores a ocho haberes mínimos (152.280 pesos). Sacarles el Impuesto a las Ganancias a más de 1.250.000 personas significa mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso. El esquema propuesto por el Gobierno representaría un esfuerzo fiscal de 40 mil millones de pesos, y la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000. En consecuencia, de ser aprobada, la ley permitiría consolidar un esquema progresivo y sólo lo pagaría el 10 por ciento de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio. El proyecto busca fundamentalmente potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo.
Ahora bien: para que el salario rinda, el foco hay que ponerlo en las tarifas y los alimentos, lo primero a lo que las familias destinan gran parte de su ingreso. Desde ese lado, vamos mal. Dejando de lado la ecuación de la energía (los combustibles siguen avanzando), los alimentos hace rato que remarcan por encima del resto de los bienes y servicios de la economía. Por ejemplo, en 2020, treparon por encima del 42% mientras que la inflación fue del 36%. En enero y en lo que va de febrero el salto es mayúsculo.
Con déficit fiscal financiándose con emisión mas deuda interna, con mismo régimen tributario para el mercado privado, con foco de conflicto con el campo, con una depreciación del peso acompañando a la inflación (en este punto veremos más adelante que en menor escala en los últimos días), con controles de precios y sistema de precios cuidados que ya fracasaron en el pasado, vemos muy poco probable bajar el ritmo de la inflación en los próximos meses.
Entonces?... inmediatamente nos surgen varias preguntas:
- ¿Cómo hará el Gobierno para actualizar las tarifas de los servicios públicos ?
- ¿Qué ocurrirá con el gas, agua, energía eléctrica, naftas si demorarlos es una de las pocas cartas que tiene el Gobierno para que el salario rinda más que la inflación en un año electoral?
- ¿Cómo compatibilizar eso con la necesidad de achicar el volumen de los subsidios para poder cerrar el acuerdo con el FMI?
Hasta ahora el Ministerio de Economía intenta garantizar que los precios regulados y la devaluación respetarán cierta “actualización” en función de la inflación, pero en la última semana dio indicios que habrá que mirar para otro lado. Ese otro lado es el de la rentabilidad de aquellos que pertenecen a los sectores de precios no regulados.
El Gobierno anunció que se sentará en una mesa con empresarios de los distintos sectores de la economía. También se sentará con la Mesa de Enlace. Propondrá invertir la ecuación. Dicho en criollo, que achiquen los márgenes de rentabilidad y, si todo sale bien, que lo compensen, aunque sea en parte, con las mayores unidades vendidas de una economía con un consumo reactivándose. Pero está claro que se llega a esa negociación con dudas. Por eso en los últimos días, fue el propio Gobierno el que puso sobre la mesa distintas herramientas “de convencimiento forzozo”. Por ejemplo, los controles en supermercados, el programa de venta de carne a precios más bajos, el resurgimiento del programa de Precios Máximos y hasta la mención de las retenciones.
Por otro lado, el BCRA no piensa, por ahora, acomodar las tasas de interés hacia arriba, es mas entendemos esta monitoreando que no haya salida de depósitos del sistema bancario formal y eso lo pone contento, dejando entrever que no debería haber una corrida de depósitos del sistema, lo cual podríamos decir que es una buena noticia para el Gobierno.
Pero para el caso de los inversores de plazos fijos en pesos con los índices de inflación ya conocidos ante no suba de tasas de interés seguirán perdiendo poder adquisitivo.
Podríamos decir que el gobierno viene llevando una devaluación gradual y administrada que ajusta con el índice de inflación mensual, con ese sistema logro controlar los precios de los dólares y dando una idea de tranquilidad en los mercados, según nuestra apreciación en el corto plazo se observan buenos resultados pero en el largo plazo probablemente comiencen los problemas.
Lo que si queda claro en el gobierno y también en el mercado que el cepo seguirá conviviendo entre nosotros, vemos en el 2021 un cepo cada vez mas aceitado y ajustando variables en forma periódicas y casi on line con los distintos hechos que vallan ocurriendo en la economía.
De todos modos en los últimos días vemos que el BCRA cambio su estrategia de la devaluación gradual y administrada, siendo el ritmo de dicha devaluación un poco menor en el ajuste del tipo de cambio oficial.
Como dato en el dia de ayer el BCRA desaceleró inesperadamente el ritmo de sus microdevaluaciones diarias lo que generó no poca sorpresa en el mercado financiero. Y abre un panorama sensiblemente diferente hacia adelante.
A partir de las compras que viene llevando adelante en el mercado cambiario y un menor ritmo de aumento del tipo de cambio oficial, el Banco Central está consiguiendo uno de los objetivos centrales que se había propuesto para 2021: disminuir las expectativas de devaluación del mercado. Y así lo refleja el mercado de futuros que se opera en el Rofex ya que el dólar a fin de octubre volvió a caer más de 1% y ya opera por debajo de los $ 120.
Se trata de una medida que busca utilizar el dólar como un ancla antiinflacionaria, es decir que el ajuste del tipo de cambio no retroalimente la suba de precios.
Por lo tanto, de un ritmo de ajuste del dólar oficial cercano a 3,8% al menos en los últimos dos meses, lo más probable es que se pase a un nivel más parecido al 3% mensual y aflojando incluso más posteriormente. Así se busca que tanto el aumento del dólar oficial como la inflación confluyan a un ritmo de aumento del 30% para 2021, en línea con la suba que se busca pautar para los salarios y los precios.
Lo que marcan los mercados futuros es que incluso el dólar a fin de octubre, el mes de las elecciones, no sufrirá una disparada. Al contrario, en los últimos días viene retrocediendo en forma significativa.
Con la gradual acumulación de reservas que se viene llevando adelante desde diciembre y la mayor liquidación de divisas que se espera desde abril por los altos precios de la soja, los temores de un posible salto cambiario prácticamente se esfumaron.
Lo que no está tan claro es qué puede pasar con los otros tipos de cambio, tanto el dólar financiero (como el “contado con liquidación”) y el dólar libre, donde ya hay menos injerencia del propio Central. El objetivo del Gobierno no sólo es evitar saltos bruscos del dólar oficial, sino que además no aumente la brecha cambiaria, lo que provocaría movimientos especulativos como sucedió en el segundo semestre del año pasado.
Por lo pronto, todos los tipos de cambio se vienen comportando con tranquilidad y confluyeron en la zona de $ 150.
En definitiva estamos en un momento bastante bisagra y en lo que podemos observar el gobierno en este corto plazo está apuntando a:
- Acordar un acuerdo de precios y salarios que deberá tener alineados a empresarios y sindicatos
- Fomentar que el acuerdo de precios regulados se cumpla
- Vigilar de cerca el comportamiento de la oferta de bienes y servicios de precios no regulados
- Acordar un acuerdo con el Campo (cuestión más que importante ante amenaza de conflicto)
El análisis del pasado nos dice que atrasar el tipo de cambio traerá como consecuencias: más inflación contenida, incremento de la brecha cambiaria, poco incentivo a exportar con una suba virtual de importaciones y cuando se sinceren las variables los costos del ajuste del tipo de cambio a la economía real será perjudicial para la economía doméstica.
Lo que el gobierno buscara en este año eleccionario es que los aumentos de precios sean suaves, tratar de recuperar la confianza en los mercados y también en los distintos actores de la economía domestica, y llegar a un buen acuerdo con el FMI.
C.P.N. Leonardo H. Piazza
Director LP Consulting
