Las empresas públicas representan el 60 % del déficit fiscal
El gobierno nacional está en un laberinto donde no encuentra la salida de cómo bajar el déficit fiscal. Un camino es desarmar la maraña de empresas públicas que generan más de la mitad del déficit fiscal. En los países ordenados, el Estado promueve actividades, pero lo hace con subsidios directos y medición de resultados a las empresas del sector privado.
La situación económica es muy delicada. La inflación está en el 88% anual y, dado que en noviembre y diciembre se mantendrá en el orden del 6% -7% mensual, el 2022 ya cierra con una inflación del 100%. El mercado local en pesos se muestra cada más remiso a renovarle deuda al Tesoro (en la Letes le están pidiendo tasas de 135% anual) y las Leliq ya están dando claros signos de agotamiento en su capacidad de absorber emisión (están creciendo por encima del 100%). Los dólares paralelos se calientan afirmándose por encima de los $300.
En este marco, como señal de esperanza, el Ministerio de Economía presenta un Presupuesto 2023 con proyecciones más que optimistas. Según este documento, la inflación creciente será revertida y el año que viene será de 60% anual. La clave –según los propios colaboradores del Ministro de Economía– es tener un déficit fiscal primario de 2% del PBI en el 2023. Así entonces, presentan un Presupuesto donde los ingresos públicos crecen 76% y el gasto primario un 69%, por lo que el déficit primario puede estimarse en 2% del PBI.
La verdad es que, en lugar de estar haciendo dibujos con proyecciones de ingresos y gastos, sería mucho más conducente empezar a cuestionar algunos gastos importantes y otros de menor cuantía que podrían ser reducidos aplicando el sentido común. Uno de estos gastos son los subsidios que el Tesoro le manda a las empresas públicas.
Los montos involucrados en los subsidios a las empresas públicas no son para nada triviales. Según el propio Presupuesto 2023 ascienden a 1,2% del PBI. O sea, representan el 60% del déficit fiscal primario buscado para lograr –según las autoridades económicas– torcer esta explosiva situación que se vive con una inflación creciente.
Lo más cuestionable, además, es cuando se mira en qué sectores es que el Estado nacional posee empresas públicas emerge un gran desorden.
Gasto público nacional en subsidios a empresas públicas por sector
Proyectado 2023 // En % del PBI
Fuente: LP CONSULTING en base a Presupuesto Nacional 2023
Hay subsidios para empresas públicas en áreas tan diversas como energía y minería, trenes –aunque es común escuchar a gente decir que en Argentina no se gasta en trenes– de agua y cloacas –en este caso es para que el AMBA tenga subsidiado este servicio–, hay empresas públicas que se dedican a cuestiones satelitales y del espacio, las que se dedican a defensa reciben menos subsidios que las empresas públicas de medios, y también hay servicios aéreos que no se circunscriben sólo a Aerolíneas Argentinas.
La forma más ilustrativa de analizar este desorden con su falta de sentido estratégico es observando cuáles son las empresas que conforman cada sector.
Gasto público nacional en subsidios a empresas públicas por empresa
Proyectado 2023 // En % del PBI
Fuente: LP CONSULTING en base a Presupuesto Nacional 2023
En energía, está la empresa pública que más subsidios consume que es ENARSA. Empresa creada 2004 con la idea de ser el artífice en la nacionalización de la matriz energética. Hoy se dedica a recibir subsidios para importar la energía que la Argentina dejó de producir como consecuencia de la política de congelamiento tarifario iniciado en el 2005. La otra empresa es Nasa que se dedica a la producción de insumos para el sector energético.
En minería está Yacimientos Carboníferos de Río Turbio que no produce ningún ingreso propio y sólo vive de los subsidios que figuran en el cuadro de arriba y el YMAD que es una empresa dedicada a la minería en Catamarca.
En trenes, está la empresa pública ADIF que hace desarrollo de infraestructura ferroviaria, fundamentalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El colmo del desorden queda en evidencia con la co-existencia de DCHF (Desarrollo del Capital Humano Ferroviario) con OFSE (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado) donde la primera paga los sueldos y la segunda opera los trenes del AMBA. Luego está el Belgrano Cargas que opera trenes en el interior, la residual Ferrocarriles Argentinos y otra que se llama Playas Ferroviarias.
En materia de aguas y cloacas está la empresa AYSA, propiedad del Estado nacional, cuando de mantenerse como empresa pública, debería pertenecer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires por el Conurbano, dado que AYSA es la empresa de agua del AMBA.
En servicios aéreos las empresas públicas son Aerolíneas Argentina, Eana que es la operadora de las torres de control e Intercargo que es el operador de carga en los aeropuertos.
Luego están AR-SAT que opera servicios satelitales y una empresa pública llamada Veng que hace lo propio con estudios espaciales.
En defensa quedaron las viejas empresas públicas de la época de la guerra fría en que los Estados desarrollaban industria para la defensa como estrategia nacional (Fabricaciones Militares, una de barcos, otras de aviones y Coviara).
En medios, está la TV Pública, Radio Nacional y Contenidos Públicos, más Telam, que son las empresas del Estado que usualmente suelen ser utilizadas para las campañas de propaganda oficial por el gobierno de turno.
Luego hay una variedad de empresas públicas que van desde el Correo, pasando por la vieja Administración General de Puertos, hasta empresas marginales con servicios de agro, insumos para la medicina o servicios de educación.
Cuál es el sentido estratégico de todo este rejunte de empresas públicas, es difícil de verlo.
Conclusión
Como se ve, ninguna de estas empresas desarrolla una actividad que no pueda ser desarrollada por empresas privadas. En los países bien organizados, cuando el Estado decide intervenir en una actividad económica, en general, lo hace con un subsidio directo y explícito a un proveedor especializados del sector privado. De esta forma, la sociedad puede saber cuál es el costo de este subsidio y, fundamentalmente, qué es lo que el privado devuelve a la sociedad a cambio.
En Argentina, por el contrario, con este desorden de empresas públicas los únicos beneficiados son los empleados, los proveedores y el político de turno que tiene lugares en el Estado para colocar allegado en puestos bien pagos. Este es un ejemplo concreto de cómo ordenando el Estado con sentido común se podría bajar sustancialmente el déficit fiscal y, lo mejor de todo, haciendo que el Estado funcione mucho mejor promoviendo que el sector privado sea el que la dé, con eficiencia, mejores servicios a la sociedad.
